Ciento treinta y una familias cubanas enfrentan la pérdida de sus automóviles en una subasta pública mientras una disputa financiera entre empresas de envío y la administración del puerto de Miami mantiene los vehículos congelados desde hace meses.
La protesta de este viernes frente al puerto en el Río Miami expuso una crisis que afecta directamente a la diáspora cubana: tres agencias de envío—Lucero Services Corp, OK's Charter Services Inc. y OK Import and Export Corp—retienen autos que sus clientes ya pagaron por completo para transportar a Cuba. El nudo del conflicto es una deuda que OK Charter mantiene con la administración portuaria, que decidió usar los vehículos como garantía de cobro. Mientras tanto, el puerto impone tarifas de almacenaje de 120 dólares diarios a cada auto, obligando a propietarios ya desesperados a desembolsar miles de dólares adicionales para recuperar lo que legalmente les pertenece.
Jorge Luciano Ponce Medina relató cómo tuvo que pagar 5,500 dólares para rescatar su vehículo después de meses de espera. Kenny Soto, otro afectado, precisó la magnitud del problema: «Somos 131 personas afectadas». Adrián Alpízar cuestionó la legalidad del sistema: «No es posible que tú pagues un servicio en este país y ocho meses después el carro todavía esté retenido y a punto de perderlo». Jesús, empleado de Lucero Services, explicó el mecanismo de retención: «La empresa OK Charter le debe dinero al puerto y entonces ellos quieren cobrar de esa manera».
El conflicto escaló a nivel oficial cuando el Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade, Dariel Fernández, confirmó que su oficina investiga a las tres compañías por posibles prácticas fraudulentas, incumplimiento de contrato y violaciones a regulaciones de exportación. Fernández advirtió que el condado no tolerará estas prácticas y podría revocar las licencias comerciales de los negocios involucrados, coordinando además con autoridades locales, estatales y federales. Esta investigación se suma a acciones previas: en octubre y noviembre de 2025, la oficina de Fernández envió cartas a 75 negocios sospechosos de comercio ilegal con Cuba, exigiendo licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro o del Buró de Industria y Seguridad.
Yaumara Morales Blanco, representante de Lucero Services, reconoció ante los afectados que el asunto está judicializado: «Esto está en un litigio con la compañía OK Charter». Por su parte, Kenny Chávez, dueño de OK's Charter Services, emitió un comunicado escrito atribuyendo el problema a «demoras logísticas» y a un «proceso de revisión bancaria» que afectó la disponibilidad de fondos de la empresa, negando que hayan cesado operaciones o tengan intención de incumplir.
Este caso no emerge en el vacío. Desde marzo de 2026, cubanos en Miami denunciaban retrasos de varios meses en envíos de automóviles a Cuba, con agencias que prometían entregas en hasta dos meses sin cumplirlas. La situación se agravó por la suspensión temporal de importaciones de vehículos de combustión interna que Cuba implementó en respuesta a su crisis energética, medida establecida por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Esta combinación de factores—disputas comerciales locales, regulaciones cubanas restrictivas y crisis de combustible en la isla—ha creado una tormenta perfecta para quienes intentan mantener vínculos económicos con sus familias.
Para los 131 afectados, el tiempo se agota. Si el martillo de la subasta cae sobre sus vehículos, perderán no solo los autos sino también los ahorros que invirtieron en ellos, dinero que muchos destinaban a mejorar la calidad de vida de parientes en Cuba. La pregunta que resuena en el puerto de Miami es si las autoridades lograrán frenar estas prácticas antes de que la subasta pública consuma lo que la burocracia ya ha paralizado.
