Yamilka Lafita, activista cubana, denunció haber sido víctima de un robo en su vivienda. Sin embargo, cuando acudió a la Policía para reportar el delito, la situación se tornó en su contra, según relató a ElToque.
De acuerdo con el testimonio de Lafita, durante el proceso de presentar la denuncia sufrió una agresión por parte de efectivos policiales. El incidente derivó en su traslado entre dos estaciones del Ministerio del Interior (Minint), donde fue amenazada con ser acusada por presunto "desacato".
El caso refleja una dinámica que activistas y defensores de derechos humanos han documentado en Cuba: ciudadanos que buscan protección legal ante delitos comunes enfrentan obstáculos y, en algunos casos, represalias por parte de las autoridades. La experiencia de Lafita ilustra cómo el acceso a la justicia puede convertirse en un riesgo adicional para quienes denuncian.
Según reportes de organizaciones de derechos humanos, este patrón no es aislado. Activistas y ciudadanos que intentan ejercer derechos básicos, como reportar delitos o participar en actividades cívicas, frecuentemente enfrentan intimidación o represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
ElToque, medio digital independiente, ha documentado múltiples casos similares en los que ciudadanos cubanos reportan que sus intentos de acceder a servicios públicos o ejercer derechos fundamentales resultan en confrontaciones con autoridades.
El caso de Lafita plantea interrogantes sobre el acceso a la justicia en Cuba y la capacidad de los ciudadanos para ejercer derechos básicos sin temor a represalias.
