A comienzos de junio de 2026, durante un apagón en el barrio habanero de Santa Amalia, Yunaykis de la Caridad Linares fue detenida y golpeada junto a su padrastro. Su acción: interponerse para impedir que agentes de seguridad se llevaran a un menor de edad acusado de participar en una protesta.
Linares, identificada como expresidaria política del 11 de julio en libertad condicional, enfrentó represión directa por defender a un adolescente. El incidente ocurrió en circunstancias de oscuridad total, característica de los apagones recurrentes que afectan la isla.
La detención y agresión física contra Linares refleja un patrón documentado de represión contra activistas y ciudadanos que cuestionan o se oponen a acciones de autoridades. Su condición de expresidaria política bajo vigilancia estatal no la eximió de ser arrestada nuevamente por un acto de defensa civil.
El caso ilustra la vulnerabilidad de menores de edad en contextos de protestas y la exposición de familiares que intentan protegerlos. Según reportes de organizaciones de derechos humanos, Cuba mantiene más de 1.000 presos políticos documentados, cifra que incluye a activistas en libertad condicional sujetos a vigilancia constante.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por el trato a menores involucrados en manifestaciones y por la represión contra ciudadanos que defienden a terceros. El caso de Linares se suma a reportes de detenciones arbitrarias y uso de fuerza contra activistas en la isla.
La represión contra Linares ocurre en un contexto de crisis energética severa que ha intensificado tensiones sociales. Los apagones prolongados han generado protestas espontáneas en múltiples barrios de La Habana, a las que el régimen responde con operativos de seguridad y detenciones.
