La Alianza para la Solidaridad y la Independencia de Cuba, conocida por sus siglas ASIC, planteó la necesidad de reconstruir el sistema eléctrico cubano mediante una transición energética democrática y justa, una idea que vuelve a poner sobre la mesa uno de los fallos más graves y persistentes del modelo económico impuesto por el régimen en la isla.
La propuesta no aparece en el vacío. Surge en medio de una crisis eléctrica prolongada que ha convertido los apagones en parte de la rutina nacional y que ha erosionado, todavía más, la capacidad del Estado para garantizar servicios básicos. Mientras las autoridades repiten promesas de recuperación, la infraestructura energética sigue deteriorándose, las termoeléctricas operan con averías frecuentes y el déficit de generación obliga a recortes constantes.
ASIC plantea un enfoque distinto al esquema centralizado que ha dominado por décadas. La transición energética democrática, según la propia lógica del concepto, implica abrir espacio a una planificación menos opaca, con mayor participación social y con decisiones que no dependan exclusivamente de la burocracia estatal. En un país donde la energía ha sido controlada como un asunto de poder y no de bienestar público, cualquier discusión sobre el futuro eléctrico inevitablemente choca con la falta de transparencia del régimen.
El problema de fondo es que el sistema cubano no solo arrastra deficiencias técnicas, sino una cultura de administración cerrada que ha impedido reformas de fondo. Las inversiones se han concentrado durante años en parches de corto plazo, mientras la red envejece y la demanda supera con creces la capacidad de respuesta. El resultado ha sido una cadena de apagones, afectaciones en hogares, escuelas, hospitales y centros de trabajo, y una sensación extendida de abandono entre los cubanos.
La crisis energética también ha puesto en evidencia la dependencia del país de un aparato estatal incapaz de modernizarse sin recurrir a discursos triunfalistas. Cada vez que el Gobierno anuncia reparaciones, sincronización de unidades o recuperación paulatina, la realidad termina desmintiendo el optimismo oficial. El pueblo continúa pagando el costo de una estructura que prioriza la supervivencia política del régimen por encima de soluciones sostenibles.
En ese contexto, hablar de transición energética democrática no es solo hablar de paneles solares, redes inteligentes o diversificación de fuentes. También supone discutir quién decide, quién invierte, quién controla y quién se beneficia del sistema eléctrico. La experiencia cubana demuestra que ningún cambio tecnológico tendrá resultados duraderos si sigue concentrado en manos de una dirigencia que ha administrado la escasez como método de control.
La propuesta de ASIC conecta además con un debate más amplio sobre la reconstrucción institucional de Cuba. No basta con sustituir una tecnología obsoleta por otra más moderna si el marco político sigue cerrado a la rendición de cuentas. En un país donde la corrupción, la improvisación y la falta de supervisión independiente han sido señaladas de forma reiterada, cualquier reforma energética real tendría que incluir mecanismos de control ciudadano y reglas claras para evitar que el nuevo sistema repita los vicios del anterior.
El deterioro eléctrico también tiene un impacto directo en la economía doméstica. Aunque el régimen intenta minimizarlo, los apagones encarecen la vida diaria, afectan la conservación de alimentos, paralizan pequeños negocios, limitan el bombeo de agua y complican el transporte y la producción. La electricidad no es un tema técnico aislado: es una condición básica para que funcione cualquier actividad social y económica.
Por eso la discusión impulsada por ASIC adquiere relevancia más allá de la denuncia. Coloca en el centro la necesidad de pensar una salida estructural y no meramente coyuntural. Cuba no necesita más comunicados de emergencia ni explicaciones tardías cada vez que colapsa una unidad generadora. Necesita una transformación profunda de un sector que durante años ha sido rehén de la ineficiencia estatal.
A la vez, la propuesta revela la distancia entre la sociedad cubana y un aparato gubernamental que sigue sin ofrecer respuestas convincentes. Mientras el régimen insiste en administrar la crisis, sectores de la oposición y del exilio buscan alternativas que permitan imaginar un país con servicios básicos funcionales y con una gestión energética moderna. Ese contraste resume el debate actual: seguir sosteniendo un sistema fallido o empezar a reconstruirlo desde una lógica distinta.
La transición energética en Cuba, si alguna vez se concreta, no dependerá solo de equipos nuevos o de financiamiento externo. Dependerá también de romper con el control político que ha convertido la electricidad en otro símbolo del fracaso del régimen. La propuesta de ASIC, al menos, deja claro que el problema ya no puede seguir escondiéndose detrás de excusas técnicas. El colapso es político, y la salida también tendrá que serlo.
