La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó formalmente al Estado cubano por múltiples violaciones de derechos humanos contra Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, artista y preso político que permanece encarcelado tras ser condenado a nueve años de prisión.
El organismo regional recomendó al gobierno cubano dejar sin efecto la condena impuesta contra Osorbo, investigar su desaparición forzada, reparar integralmente los daños causados y reformar la legislación utilizada para criminalizar la libertad de expresión y la protesta pacífica, según reportes de Martí Noticias.
Maykel Osorbo fue arrestado en noviembre de 2020 tras participar en protestas contra el régimen. Su caso se convirtió en símbolo de la represión estatal contra artistas y activistas que cuestionan las políticas gubernamentales. Durante su detención, reportes de organizaciones de derechos humanos documentaron condiciones de encarcelamiento que violaban estándares internacionales.
La decisión de la CIDH refleja un patrón documentado de represión contra disidentes en Cuba. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado sistemáticamente el uso de leyes vagas sobre "desorden público" y "peligrosidad social" para perseguir a artistas, activistas y ciudadanos que ejercen libertad de expresión. El régimen ha mantenido más de mil presos políticos según registros de organizaciones independientes.
La condena de Osorbo fue dictada bajo acusaciones de "desorden público" y "instigación a delinquir", cargos que defensores de derechos humanos consideran herramientas de represión política. Su caso ha generado solidaridad internacional entre artistas y defensores de libertades civiles, quienes han exigido su liberación inmediata.
Las recomendaciones de la CIDH carecen de mecanismo de cumplimiento obligatorio, pero representan un pronunciamiento oficial de un órgano de la Organización de Estados Americanos sobre responsabilidad estatal. Históricamente, el gobierno cubano ha rechazado recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, argumentando que responden a presiones políticas externas.
La situación de Osorbo permanece sin resolución. Su familia ha solicitado públicamente su liberación, mientras organizaciones de derechos humanos continúan monitoreando su caso como indicador del estado de las libertades civiles en la isla.
