La terminal de contenedores del Mariel, una de las piezas más estratégicas de la infraestructura cubana, pasó a manos de Coral Marítima en una operación que vuelve a poner bajo la lupa la forma en que el aparato empresarial militar maneja activos clave del país. La operación no solo despierta preguntas sobre la transparencia del proceso, sino también sobre el papel real de la nueva empresa compradora y sus conexiones con redes de negocios que trascienden la isla.
Coral Marítima aparece registrada como una sociedad cuyo objetivo principal es identificar proyectos y oportunidades de inversión para crear empresas mixtas y firmar contratos de asociación internacional. Ese perfil la presenta, en apariencia, como un vehículo para atraer capital externo en un momento en que el modelo económico cubano depende cada vez más de financiamiento foráneo, pero sin ofrecer garantías claras sobre la estructura societaria, sus beneficiarios finales o la lógica detrás de la adquisición de una instalación portuaria de alto valor.
La venta se produce en un contexto en el que Cuba atraviesa una crisis económica profunda, marcada por escasez, inflación, caída de la producción y una red logística deteriorada. En ese escenario, la terminal del Mariel no es un activo cualquiera: forma parte de una zona especial concebida para captar inversión extranjera, facilitar exportaciones y convertir a Cuba en un punto de enlace comercial en el Caribe. Que una instalación de ese tipo quede en manos de una empresa de perfil poco transparente refuerza la sensación de que las decisiones económicas se toman dentro de círculos cerrados, lejos del escrutinio público.
Gaesa, el conglomerado controlado por las fuerzas armadas cubanas, ha construido durante años un entramado empresarial que opera sobre sectores estratégicos de la economía nacional. Hotelería, comercio, logística, transporte y puertos han quedado bajo su influencia directa o indirecta. Esa concentración de poder económico ha sido una de las características más criticadas del sistema cubano, porque combina control militar, opacidad financiera y ausencia de rendición de cuentas. La venta de la terminal del Mariel encaja en esa lógica: un activo público o semipúblico pasa a otra estructura empresarial de difícil fiscalización, sin que se conozcan con claridad los términos, las condiciones ni el destino final de los beneficios.
Uno de los aspectos que más llama la atención es la presencia de directivos vinculados con compañías offshore en Panamá. Ese dato no demuestra por sí solo ilegalidad, pero sí alimenta sospechas sobre la arquitectura financiera detrás de Coral Marítima y sobre el tipo de relaciones que podrían sostener su capacidad de inversión. En un país donde el acceso a divisas es extremadamente limitado, la existencia de nexos con estructuras offshore sugiere redes diseñadas para mover capital con discreción, reducir trazabilidad y operar fuera del alcance de los mecanismos ordinarios de control.
La falta de información pública detallada sobre la transacción deja vacíos importantes. No se han aclarado con suficiente precisión los montos involucrados, los términos del traspaso ni el esquema de participación que podría existir detrás de la operación. Tampoco se conocen los criterios usados para escoger al comprador ni el alcance real de su capacidad financiera. Ese silencio institucional es parte del problema: en Cuba, los movimientos de gran calado económico suelen producirse sin transparencia, con la población enterándose después de que las decisiones ya están tomadas.
El caso también ilustra una paradoja del modelo cubano. Mientras el gobierno insiste en atraer inversión extranjera como salida a la crisis, la propia estructura de poder limita las condiciones para que esa inversión genere confianza. Sin transparencia, sin instituciones independientes y con empresas estatales o militares manejando activos sensibles, cualquier intento de apertura queda atravesado por dudas sobre favoritismo, concentración de poder y control político de los negocios.
El Mariel fue presentado durante años como símbolo de modernización y puerta de entrada al capital internacional. Sin embargo, la realidad ha sido mucho menos prometedora. La zona especial no ha alcanzado el dinamismo que se esperaba, y su desempeño ha quedado atrapado entre la burocracia, la falta de insumos, el deterioro del entorno productivo y la desconfianza de posibles inversionistas. En ese contexto, la venta de la terminal no aparece como un giro modernizador, sino como otro movimiento en un tablero opaco donde los mismos grupos de poder siguen administrando los recursos más rentables.
Para el cubano de a pie, este tipo de operaciones tiene una lectura inmediata: mientras el país enfrenta apagones, escasez y caída del poder adquisitivo, las principales decisiones sobre infraestructura y negocios estratégicos se toman en una esfera cerrada, con escasa supervisión pública. La economía nacional sigue secuestrada por una élite que no rinde cuentas y que usa el discurso de la inversión para reacomodar sus propios intereses.
Coral Marítima, por ahora, representa más preguntas que respuestas. Su perfil empresarial, sus vínculos y su papel en la compra de la terminal del Mariel la convierten en un caso que merece seguimiento. Lo que está en juego no es solo una instalación portuaria, sino la persistente opacidad con la que el régimen administra el patrimonio económico del país y la forma en que convierte activos estratégicos en piezas de un negocio reservado para pocos.
