El régimen cubano acaba de convertir a más de 11,000 emprendedores en agentes de vigilancia estatal. La Resolución 86 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada el 29 de abril en la Gaceta Oficial No. 37, obliga a cuentapropistas, MIPYMES, Cooperativas No Agropecuarias y proyectos de Desarrollo Local a reportar cualquier operación que consideren sospechosa, sin informar al cliente investigado y bajo pena de sanciones severas.
La norma, firmada el 8 de abril, establece que estos actores no estatales son ahora "sujetos obligados" en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Cuando un tenedor de libros perciba que una transacción podría estar vinculada a actividades ilícitas, debe emitir un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a las autoridades. La confidencialidad es absoluta: el cliente nunca sabrá que fue denunciado. Además, deben verificar listas internacionales y la Lista Nacional de personas vinculadas al terrorismo antes de prestar cualquier servicio, conservar datos durante cinco años tras concluir relaciones contractuales, y cooperar obligatoriamente con inspecciones del Ministerio de Finanzas, la ONAT y estructuras locales.
Esta medida no surge en el vacío. Llega después de una cascada de regulaciones que han asfixiado al sector privado cubano en los últimos meses. La Resolución 56 de 2024 canceló licencias de comercio mayorista a TCP, MIPYMES y cooperativas. El Decreto-Ley 91 de 2024 endureció sanciones con multas de hasta 72,000 pesos. A eso se suma la facturación electrónica obligatoria para 2026 y restricciones al uso de divisas en el comercio. El régimen justifica todo esto como parte del Objetivo No. 8 de su Programa Económico Social, que busca "avanzar en la implementación de directivas dirigidas a la prevención y reducción del delito, la corrupción y las ilegalidades".
La justificación oficial también invoca compromisos con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del que Cuba es miembro. Un informe de ese organismo detectó que el sector no estatal no estaba integrado al sistema de reporte de operaciones sospechosas. Pero la realidad es más cruda: el régimen usa estándares internacionales como coartada para expandir su aparato de control sobre la única parte de la economía que aún genera empleo y divisas.
Para los emprendedores cubanos, esto significa vivir bajo vigilancia permanente. Cualquier transacción inusual, cualquier cliente que pague en efectivo, cualquier operación que un funcionario considere "sospechosa" puede desencadenar una investigación penal. El sector privado cubano, que genera el 31,2% del empleo nacional y aporta el 23% de los ingresos fiscales, queda convertido en una extensión del sistema de control estatal. No es regulación financiera: es represión económica disfrazada de cumplimiento normativo.
En Miami y otras ciudades de la diáspora, esta noticia confirma lo que muchos ya sabían: el régimen no tolera ningún espacio de autonomía económica. Los cubanos que dejaron la isla para escapar del control totalitario ven cómo ese mismo control se perfecciona y se sofistica. Para los que aún operan negocios en Cuba, la Resolución 86 es un recordatorio brutal de que el Estado no solo quiere tu dinero, quiere saber cada movimiento que haces con él.
La medida introduce riesgos reales de sanciones, suspensión de actividad e investigación penal para quienes no cumplan. Pero también crea un dilema moral para los emprendedores: ¿denuncian operaciones legítimas por miedo a represalias? ¿Cierran sus negocios? ¿Se van de Cuba? El régimen ha encontrado una forma de hacer que los propios cubanos administren su propia represión. Es el control total, pero tercerizado.
