Cuba presentó en la UNESCO ocho propuestas en materia de políticas científicas para el desarrollo sostenible mientras dentro de la isla persiste una crisis que el propio poder no logra disimular. La imagen de una delegación cubana hablando de innovación, conocimiento y futuro contrasta con un país golpeado por apagones, desabastecimiento, salarios insuficientes y un colapso visible de servicios básicos.
La iniciativa fue expuesta como parte de la agenda internacional del aparato estatal cubano, que suele buscar en escenarios multilaterales una plataforma para proyectar una imagen de normalidad institucional. Sin embargo, el contraste con la vida real dentro de Cuba es difícil de ignorar. El régimen insiste en exhibir planes, diagnósticos y documentos de trabajo, pero no consigue garantizar electricidad estable, alimentos asequibles ni condiciones mínimas para retener talento científico dentro del país.
Durante décadas, La Habana ha utilizado foros como la UNESCO para sostener un relato de supuesta fortaleza en educación, ciencia y cooperación. Ese discurso fue especialmente útil cuando el gobierno cubano intentaba vender la idea de un “modelo” exitoso en áreas sociales. Pero el deterioro acumulado ha ido desmontando esa narrativa. Hoy, la conversación sobre desarrollo sostenible en Cuba queda atravesada por una pregunta elemental: ¿cómo puede un sistema que no sostiene su propia infraestructura básica presentarse como referente en políticas científicas?
La contradicción es todavía más visible si se mira el contexto económico y social. La red eléctrica ha mostrado una fragilidad extrema, la producción nacional no cubre necesidades mínimas y buena parte de la población sobrevive entre colas, inflación y escasez. En ese escenario, cualquier propuesta oficial sobre sostenibilidad suena más a ejercicio diplomático que a política pública con capacidad real de ejecución. El problema no es la falta de papeles, sino la ausencia de condiciones para convertir esos papeles en resultados verificables.
El régimen cubano ha convertido la escena internacional en una extensión de su propaganda interna. Mientras en la isla se multiplican las quejas por la crisis material, sus voceros buscan reconocimiento en organismos internacionales y presentan la cooperación científica como prueba de capacidad estatal. Pero el desgaste del país evidencia otra cosa: un gobierno que administra la escasez, controla el relato y vende como avance lo que en realidad apenas sobrevive sobre estructuras agotadas.
En materia de ciencia y tecnología, Cuba arrastra una emigración sostenida de profesionales, investigadores y jóvenes formados en universidades públicas. Muchos de ellos han salido del país o han abandonado sectores estratégicos ante la falta de salarios dignos, insumos y perspectivas. Eso convierte cualquier promesa de desarrollo sostenible en una declaración vacía si no existe una política seria para frenar la fuga de capital humano y recuperar laboratorios, centros de investigación y capacidades productivas.
El uso de la UNESCO también tiene una lectura política. Para el régimen, este tipo de escenarios sirve para reforzar legitimidad externa en momentos en que la situación interna se deteriora sin pausa. La diplomacia funciona entonces como escaparate: se habla de cooperación, de innovación y de futuro mientras el ciudadano común lidia con una realidad marcada por carencias. Esa distancia entre el discurso y la calle es precisamente una de las características más visibles del poder cubano.
La sostenibilidad, además, no puede abordarse de forma aislada de la crisis institucional. Un país con instituciones cerradas, sin rendición de cuentas efectiva y con un control férreo sobre la información difícilmente puede construir políticas de largo plazo que respondan a las necesidades reales de su población. La ciencia requiere libertad de debate, acceso a recursos, transparencia y continuidad; exactamente lo que el sistema político cubano ha erosionado durante años.
Por eso, más que un anuncio técnico, la presentación de estas ocho propuestas refleja la estrategia habitual del régimen: intentar que el lenguaje del desarrollo oculte el fracaso de gestión. La fórmula es conocida. Se eleva un mensaje optimista en escenarios externos, se multiplica la propaganda interna y se deja intacta la estructura que produce el deterioro cotidiano.
Lo que ocurre en la UNESCO no resuelve la crisis cubana ni mejora la vida de quienes hacen colas, apagan luces y buscan alternativas para sobrevivir. La isla no necesita más presentaciones solemnes ni documentos bien redactados. Necesita cambios de fondo, apertura económica real, responsabilidad política y un sistema que deje de usar la diplomacia como cortina de humo. Mientras eso no ocurra, cada discurso sobre desarrollo sostenible seguirá chocando con una verdad incómoda: Cuba se presenta al mundo como proyecto, pero vive dentro como emergencia.
