Miguel Díaz-Canel volvió a mostrarse alineado con el gobierno de Nicolás Maduro al asegurar que mantiene contacto permanente con Venezuela, en medio de la incertidumbre por más de 30 cubanos que siguen desaparecidos tras los terremotos que han sacudido a ese país. La prioridad pública del gobernante cubano, sin embargo, no ha estado centrada en ofrecer información clara sobre las víctimas ni en transparentar qué gestiones concretas se han hecho para localizarlas.
La situación expone una vez más cómo el régimen cubano administra las crisis desde el silencio, la propaganda y la disciplina política, en lugar de colocar en primer plano a las personas afectadas. Cuando hay ciudadanos cubanos atrapados por una emergencia fuera de la Isla, la información suele llegar fragmentada, tarde y con escasos detalles oficiales. En este caso, la cifra de desaparecidos supera las 30 personas, pero aún no se conocen datos completos sobre identidades, ubicaciones exactas o mecanismos de búsqueda coordinados por las autoridades.
El mensaje de Díaz-Canel sobre su supuesto contacto permanente con Venezuela intenta proyectar control y coordinación, aunque no resuelve el punto central: dónde están los cubanos desaparecidos y qué acciones reales se están ejecutando para encontrarlos. En un contexto de desastre natural, esa falta de precisión deja al descubierto las limitaciones estructurales de un sistema que concentra decisiones, monopoliza la información y responde más con consignas que con resultados verificables.
La relación política entre La Habana y Caracas ha sido una de las más persistentes de las últimas décadas. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder y, después, con la permanencia de Maduro, el régimen cubano ha cultivado una alianza de dependencia mutua que ha servido para sostener intereses económicos, energéticos y de supervivencia política. Esa cercanía no es nueva, pero en momentos de emergencia humanitaria adquiere otro sentido: el de una coordinación que suele priorizar la narrativa oficial por encima de la atención efectiva a los afectados.
En tragedias como esta, el contraste entre el discurso y la realidad se vuelve más visible. Mientras las autoridades hablan de comunicación constante, las familias quedan a la espera de nombres, listas, rutas de evacuación, hospitales o centros de refugio. Para los cubanos dentro y fuera de la Isla, la experiencia de la opacidad estatal no es una novedad. El régimen acostumbra a administrar la información como si fuera un recurso político, no un derecho de los ciudadanos.
La desaparición de más de 30 cubanos también plantea preguntas incómodas sobre las condiciones en que muchos ciudadanos de la Isla salen al exterior, a menudo vinculados a misiones oficiales, contratos estatales o proyectos que dependen de la estructura gubernamental. Cuando ocurre una catástrofe, esa dependencia se convierte en vulnerabilidad. La cadena de mando es rígida, los canales de comunicación se vuelven lentos y las familias terminan atrapadas entre la burocracia y el hermetismo.
El caso, además, revive el patrón de subordinación política que caracteriza la relación entre el régimen cubano y sus aliados ideológicos. En vez de priorizar una respuesta humanitaria autónoma, transparente y centrada en la protección de los ciudadanos, el poder en La Habana suele moverse dentro del marco de sus alianzas externas. Eso le permite sostener lealtades políticas, pero no necesariamente ofrecer soluciones rápidas a quienes están en riesgo.
La falta de información oficial verificable también aumenta la angustia de los allegados de los desaparecidos. Cuando una crisis de este tipo ocurre, cada hora cuenta. Saber quiénes están con vida, quiénes recibieron atención médica y quiénes necesitan rescate puede marcar la diferencia. Sin embargo, la práctica del régimen de comunicar poco y tarde crea un vacío que alimenta la desesperación y dificulta cualquier respuesta coordinada.
El contexto venezolano añade otra capa de complejidad. Los terremotos han golpeado una infraestructura ya debilitada por años de deterioro institucional, y la magnitud del desastre obliga a combinar rescate, identificación de víctimas, apoyo sanitario y logística de emergencia. En ese escenario, la presencia de cubanos desaparecidos no es un detalle menor, sino una urgencia humanitaria que exige respuestas concretas, no solo mensajes de solidaridad política.
Para el régimen cubano, cada crisis externa también se convierte en una oportunidad para reforzar su relato de lealtad internacional. Pero esa narrativa no sustituye la obligación de informar con precisión. Tampoco borra la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Si realmente existe el contacto permanente que dice Díaz-Canel, el siguiente paso debería ser público, verificable y centrado en resultados: nombres, estado de los desaparecidos y acciones de búsqueda.
Mientras eso no ocurra, la imagen que queda es la de un poder más preocupado por exhibir sintonía con Maduro que por responder con transparencia ante una tragedia que afecta directamente a decenas de cubanos. En una emergencia, el silencio oficial no es neutral: agrava la incertidumbre y deja al descubierto la distancia entre la retórica del régimen y las necesidades reales de la gente.
