Los creadores del proyecto audiovisual El 4tico continúan encerrados en prisión preventiva cinco meses después de su detención, sin que hasta ahora exista una petición fiscal formal, una demora que vuelve a colocar el foco sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal en Cuba y sobre el margen real de defensa que tienen los acusados en casos de perfil público.
La permanencia de los detenidos en esa condición, sin una definición clara sobre los cargos o la solicitud de la fiscalía, no solo prolonga la incertidumbre del proceso, sino que refuerza una práctica ya denunciada por familiares, activistas y observadores: el uso de la prisión preventiva como herramienta de presión antes de que exista una acusación cerrada. En un país donde los tribunales responden políticamente al aparato de poder, este tipo de medidas rara vez se percibe como neutral.
El proyecto El 4tico, conocido en el entorno audiovisual por su contenido creativo y su presencia en plataformas digitales, quedó atrapado en una lógica más amplia de control sobre expresiones culturales que se mueven fuera de los márgenes tolerados por el régimen. Aunque los detalles del expediente no han sido divulgados de forma transparente, la sola extensión del encierro sin una petición fiscal pública alimenta dudas sobre la proporcionalidad del caso y sobre la disposición de las autoridades a llevarlo con garantías mínimas.
En Cuba, la prisión preventiva suele presentarse como una medida excepcional, pero en la práctica se ha convertido en un recurso frecuente para mantener a una persona privada de libertad mientras el proceso avanza lentamente o, en ocasiones, mientras el expediente se utiliza como mecanismo de castigo anticipado. Esa dinámica pesa especialmente sobre periodistas independientes, artistas, activistas y ciudadanos que terminan sometidos a procedimientos poco transparentes y marcados por la discrecionalidad.
La ausencia de una petición fiscal después de cinco meses también revela un problema de fondo: la desproporción entre el tiempo que una persona puede pasar encarcelada y la velocidad con que el Estado define su postura procesal. En cualquier sistema con garantías efectivas, una medida de esta naturaleza exigiría explicaciones, plazos razonables y control judicial real. En la isla, sin embargo, la opacidad suele imponerse como norma y la defensa queda en una posición de clara desventaja.
Este tipo de casos no puede leerse solo como una disputa jurídica aislada. Forma parte de un patrón en el que el régimen cubano usa el aparato penal para contener voces incómodas, disciplinar a quienes se apartan de la narrativa oficial y enviar un mensaje disuasivo al resto de la sociedad. La prisión preventiva, cuando se prolonga sin una acusación clara, deja de ser una simple cautela procesal y pasa a funcionar como castigo de hecho.
La situación de los creadores de El 4tico ocurre además en un contexto de creciente frustración social dentro de la isla, donde el deterioro económico, la falta de libertades y la represión cotidiana se combinan para cerrar aún más los espacios de expresión. En ese escenario, cualquier señal de independencia cultural puede ser tratada como una amenaza, especialmente si logra visibilidad o conecta con públicos fuera del control institucional.
El problema no termina en el caso concreto. Cada mes adicional de encierro sin una petición fiscal clara alimenta la percepción de que el sistema penal cubano no opera para proteger derechos, sino para consolidar el poder del régimen. Mientras no haya transparencia sobre el expediente, sobre los cargos y sobre la base legal de la medida, el caso seguirá siendo un ejemplo más de cómo la justicia en Cuba puede convertirse en una extensión del castigo político.
Para los cubanos de a pie, el impacto de este tipo de decisiones va más allá de la suerte de un grupo de creadores. Refuerza la idea de que cualquiera puede quedar atrapado en una maquinaria judicial lenta, cerrada y sometida a intereses ajenos a la legalidad. Y mientras eso ocurra, la prisión preventiva seguirá siendo una de las caras más duras de un sistema que castiga primero y explica después.
