Exiliados cubanos han planteado que cualquier proceso de transición política en Cuba debe fundamentarse en la Constitución de 1940, un documento que representa para muchos en la diáspora un modelo de institucionalidad democrática anterior al régimen actual. La propuesta refleja una estrategia de sectores del exilio por establecer marcos legales que trasciendan la actual estructura de poder en la isla.
La Constitución de 1940, promulgada durante la presidencia de Federico Laredo Bru y reformada posteriormente, es considerada por sus defensores como un instrumento que garantizaba separación de poderes, derechos civiles y un sistema electoral representativo. Para los exiliados que respaldan esta posición, retomar ese marco constitucional significaría restaurar principios democráticos que fueron desmantelados tras 1959. El documento histórico ha adquirido un peso simbólico considerable en los círculos del exilio que buscan alternativas institucionales al régimen de Díaz-Canel.
Esta posición no es nueva en los debates del exilio cubano, pero ha ganado visibilidad en los últimos meses conforme crece la presión internacional sobre el régimen cubano y aumentan las expectativas sobre cambios políticos en la isla. Activistas y políticos del exilio argumentan que una transición basada en instituciones previas a 1959 proporcionaría legitimidad histórica y continuidad legal a cualquier nuevo gobierno. Sin embargo, la propuesta enfrenta interrogantes sobre cómo se implementaría en una realidad política radicalmente diferente a la de hace más de 80 años.
Dentro de Cuba, donde la represión política se intensifica y los apagones diarios persisten, la discusión sobre marcos constitucionales permanece limitada a círculos clandestinos y conversaciones privadas. El régimen mantiene su monopolio sobre el debate público y cualquier mención a alternativas constitucionales es censurada. Para los cubanos en la isla, estas propuestas del exilio llegan fragmentadas, a través de medios digitales y transmisiones de radio que el gobierno intenta bloquear constantemente.
La administración Trump, con Marco Rubio como Secretario de Estado, ha mantenido una postura de máxima presión sobre el régimen cubano sin pronunciarse específicamente sobre marcos constitucionales para una transición. La estrategia estadounidense se enfoca en sanciones y aislamiento diplomático del gobierno de Díaz-Canel, dejando las propuestas sobre futuro institucional de Cuba principalmente en manos de actores cubanos, tanto dentro como fuera de la isla.
Otros sectores del exilio y analistas políticos cuestionan si la Constitución del 40 es el instrumento más apropiado para una Cuba contemporánea. Argumentan que un nuevo marco constitucional debería incorporar derechos y garantías que no existían en 1940, como protecciones digitales, derechos LGBTQ+ explícitos y mecanismos de justicia transicional. El debate refleja tensiones dentro del exilio sobre si la transición debe ser restauradora o transformadora.
La propuesta de los exiliados también plantea preguntas sobre quién tendría autoridad para implementar una nueva constitución en Cuba. ¿Sería a través de una asamblea constituyente? ¿Mediante referéndum? ¿Con participación de actores políticos internos que hoy están silenciados? Estas interrogantes permanecen sin respuesta clara entre quienes promueven esta visión. Lo que sí está claro es que cualquier cambio institucional en Cuba requerirá no solo marcos legales, sino también un quiebre del control totalitario que el régimen ejerce actualmente sobre todas las estructuras de poder.
