Un grupo de exmilitares cubanos pidió a las Fuerzas Armadas que retiren del poder a la familia Castro, una exhortación que vuelve a poner bajo la lupa el papel de la institución que durante décadas ha funcionado como columna vertebral del sistema político en la isla.
El planteamiento, difundido en un contexto de desgaste social y económico persistente, no solo cuestiona a la cúpula gobernante, sino que también interpela a los uniformados que hoy sostienen la arquitectura de control construida por el castrismo. La referencia a la familia Castro toca una fibra sensible del poder en Cuba, donde la continuidad política ha descansado en una mezcla de control militar, disciplina interna y ausencia de contrapesos reales.
La sola existencia de este pronunciamiento revela una fisura simbólica importante. Que exintegrantes de las filas castrenses se dirijan a sus antiguos compañeros para pedirles una ruptura con el poder establecido sugiere un deterioro de la cohesión interna, o al menos un malestar que el régimen ya no puede ocultar con el discurso habitual de unidad monolítica. En un país donde la oposición civil ha sido sistemáticamente reprimida y el acceso a la disidencia pública es castigado, la voz de exmilitares adquiere una dimensión distinta por venir desde un espacio tradicionalmente asociado a la lealtad institucional.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias han sido durante décadas mucho más que un aparato de defensa. Han ocupado un lugar central en la economía, en la política y en la vigilancia del orden interno. Por eso, cualquier llamado que intente separar a los militares del núcleo gobernante tiene una carga política superior a la de una simple crítica. Se trata, en esencia, de un intento de romper el vínculo entre el uniforme y la permanencia de la familia Castro en el poder.
Ese vínculo ha sido una de las mayores garantías de supervivencia del régimen. Mientras la sociedad cubana ha enfrentado escasez, apagones, deterioro de los servicios y una migración masiva, la estructura militar ha conservado privilegios, acceso a recursos y capacidad de decisión sobre sectores estratégicos. Esa asimetría alimenta desde hace años la percepción de que el país no está dirigido en función del interés ciudadano, sino de la conservación de un orden político cerrado.
El llamado de los exmilitares también expone una pregunta más incómoda para la oficialidad cubana: hasta qué punto la obediencia sigue siendo sostenible cuando el costo social de mantener intacto el sistema recae sobre toda la población. En la medida en que el descontento se acumula y el malestar se extiende por barrios, centros de trabajo y familias enteras, la narrativa de estabilidad pierde fuerza. El régimen insiste en presentarse como garante de soberanía, pero para muchos cubanos esa soberanía se ha traducido en control, censura y precariedad.
Históricamente, la familia Castro convirtió a las Fuerzas Armadas en un pilar político de primer orden. Bajo ese modelo, el poder no se limitó a la esfera estatal: penetró empresas, ministerios, estructuras de seguridad y mecanismos de vigilancia social. Por eso, una apelación a que los militares retiren a la familia Castro no es solo un gesto de rebeldía; es una condena al diseño mismo del sistema que ha gobernado la isla por generaciones.
El impacto de este tipo de llamados no depende únicamente de su alcance inmediato, sino de su capacidad para erosionar la idea de que no existe alternativa dentro del aparato armado. Si antiguos miembros de esa estructura se animan a romper el silencio, el mensaje que transmiten hacia adentro es que la obediencia ya no equivale automáticamente a legitimidad. Y esa grieta, aunque todavía limitada, puede crecer en un escenario de crisis prolongada.
Para el ciudadano común, la discusión trasciende el lenguaje de los cuarteles. La permanencia del régimen se refleja en la vida diaria mediante salarios insuficientes, servicios públicos degradados y una falta de perspectivas que empuja a miles a abandonar el país. Cuando una élite militar-política se atrinchera para conservar el poder, la factura termina pagándola la población.
El llamado de los exmilitares, por tanto, no debe leerse como un episodio aislado, sino como otro síntoma del desgaste profundo que atraviesa el sistema cubano. La pregunta de fondo ya no es solo quién gobierna, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse un modelo que depende de la obediencia militar, la represión y el agotamiento social para sobrevivir.
