Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia dejaron una escena de destrucción que va mucho más allá del temblor. Con 589 muertos y 2.980 heridos en el balance preliminar, el derrumbe de edificios en Caracas, La Guaira y otras zonas del norte del país abrió un debate inevitable sobre la fragilidad de la infraestructura venezolana y el costo acumulado de años de abandono institucional.
Las autoridades han informado hasta ahora de unas 250 edificaciones afectadas, aunque vecinos y residentes de las áreas impactadas sostienen que la cifra real podría ser bastante mayor. Entre las estructuras comprometidas figuran el Hotel Marriott de Caracas, el Edificio Petunia y varios inmuebles en La Guaira, una zona particularmente expuesta por su cercanía a la franja donde el movimiento sísmico es frecuente.
El caso no puede reducirse al choque entre la tierra y el concreto. Venezuela se encuentra en el límite entre las placas tectónicas del Caribe y Suramérica, una condición que exige estándares de construcción y planes de prevención sólidos. Sin embargo, el país arrastra desde hace décadas un deterioro profundo en su parque de viviendas, con edificios antiguos, mantenimiento irregular y un marco de supervisión que, de acuerdo con especialistas, ha sido minado por la corrupción y por la incapacidad del aparato estatal para hacer cumplir las normas.
Matthew Blackett, profesor asociado de Riesgos Naturales en la Universidad de Coventry, dijo que las crisis económica e institucional prolongadas habrían golpeado de forma directa la calidad de la infraestructura venezolana. El académico señaló que muchas edificaciones probablemente recibieron un mantenimiento insuficiente o fueron levantadas al margen de las regulaciones oficiales, una mezcla que vuelve más vulnerables a los inmuebles frente a un evento sísmico.
La advertencia no es menor. Cuando un país permite que la inspección técnica se vuelva un trámite vacío o una fuente de negocio para funcionarios y contratistas, la tragedia termina apareciendo en forma de colapso estructural. En Venezuela, el desastre expuso de nuevo cómo la corrupción puede traducirse en muros débiles, columnas deterioradas y obras públicas incapaces de resistir una emergencia real.
Transparencia Internacional le asignó a Venezuela 10 puntos sobre 100 en su Índice de Percepción de la Corrupción de 2025, el mismo registro más bajo de su historia reciente. Ese indicador, que evalúa 182 países, refleja un entorno donde la corrupción pública se volvió parte del funcionamiento cotidiano del Estado. La organización advirtió además que ese fenómeno deja consecuencias directas en la vida de la gente, desde hospitales sin financiamiento suficiente hasta obras de protección que nunca se levantan.
En ese contexto, los especialistas también han puesto la mirada sobre el parque inmobiliario más antiguo. Buena parte de los edificios que hoy presentan mayores daños fue construida entre las décadas de 1950, 1960 y 1970, antes de que las exigencias antisísmicas actuales se incorporaran por completo. Muchas de esas estructuras, levantadas durante los años de bonanza petrolera, nunca fueron reforzadas después para adaptarse a las normas modernas.
Raffaele De Risi, profesor asociado de Ingeniería Civil en la Universidad de Bristol, sostuvo que la clave estará en una evaluación posterior al suceso para determinar qué parte del parque habitacional fue construida antes de las normativas actuales o de manera informal. Su observación apunta al fondo del problema, no basta con tener reglas sobre el papel si el sistema político no garantiza control, inversión y cumplimiento.
Las organizaciones civiles también han señalado que algunos complejos de vivienda pública, construidos durante el gobierno de Hugo Chávez, pudieron levantarse con poca supervisión técnica en medio de la presión por responder al rápido crecimiento urbano. Catia La Mar aparece entre las zonas donde se reportaron daños relevantes, lo que refuerza la sospecha de que la urgencia política terminó pesando más que la seguridad estructural.
Blackett comparó la situación con la de San Francisco tras los terremotos de finales de los años 80, cuando hubo incentivos y recursos públicos para adaptar edificios y evitar nuevas tragedias. En Venezuela, en cambio, muchas estructuras nunca fueron intervenidas de forma seria, y esa omisión hoy se cobra en vidas, heridos y miles de damnificados.
Transparencia Venezuela, el capítulo venezolano de Transparencia Internacional, calcula que existen 173 casos de presunta corrupción vinculados a recursos públicos del país que se investigan en 30 países. La organización estima además que los activos relacionados con esos casos superan los 72.000 millones de dólares, una cifra que ilustra el tamaño del saqueo y la profundidad del deterioro institucional.
Para la región, el desastre deja una lección incómoda. No basta con culpar al sismo cuando el problema de fondo está en la forma en que se construye, se inspecciona y se administra una ciudad. En Venezuela, el terremoto encontró una infraestructura debilitada por años de corrupción, improvisación y ausencia de controles. Ese es el verdadero rostro del colapso.
La emergencia sigue en desarrollo y el saldo final todavía podría variar, pero el daño político y social ya es visible. Cada edificio caído expone no solo la fuerza de la naturaleza, sino también el costo humano de un sistema que permitió que la corrupción se convirtiera en una amenaza tan letal como el propio temblor.
