Hace años, en la Unión Soviética, los disidentes políticos desaparecían en hospitales psiquiátricos. Les diagnosticaban esquizofrenia por pensar diferente, depresión por criticar al sistema. Los médicos se convertían en cómplices del Estado. Hoy, en Cuba, ese manual de represión se ha reciclado con precisión quirúrgica. El caso del 'Spiderman'—el joven que escaló edificios en La Habana para protestar—no es una anécdota de seguridad pública. Es la radiografía de una dictadura que ha descubierto que la etiqueta de 'enfermedad mental' es más efectiva que la tortura, porque despoja al prisionero de credibilidad antes de que abra la boca.
La tesis es incómoda pero inevitable: cuando un régimen necesita desaparecer a un disidente sin el escándalo internacional de una sentencia política explícita, lo interna en un psiquiátrico y lo declara loco. No es medicina. Es terrorismo de bata blanca.
Este mecanismo tiene raíces profundas en la historia de América Latina. Argentina, bajo la dictadura de Videla, utilizó instituciones psiquiátricas para ocultar desapariciones. Paraguay bajo Stroessner hizo lo mismo. Pero Cuba lo ha perfeccionado porque cuenta con una ventaja que otras dictaduras no tuvieron: el monopolio absoluto del discurso médico estatal. No hay segundo opinión. No hay hospital privado. No hay fuga de información. El régimen es juez, acusador, médico y carcelero simultáneamente.
La detención del 'Spiderman' ilustra esto con precisión. Un joven comete actos de protesta—escalada de edificios, visibilidad pública, desafío simbólico—y en lugar de procesarlo por sedición o desorden público, el aparato lo patologiza. Lo declaran enfermo mental. Así logran varios objetivos simultáneamente: neutralizan la protesta, desacreditan al manifestante, evitan un juicio público, y crean un precedente que aterroriza a otros potenciales disidentes. ¿Quién querrá protestar si el precio es ser etiquetado de psicótico?
Esta es la realidad actual en Cuba bajo el régimen de Díaz-Canel. Con más de mil presos políticos documentados, con una represión que ha intensificado desde las protestas del 11J de 2021, la dictadura ha descubierto que la represión médica es más silenciosa que la represión carcelaria. Un preso político genera documentación, denuncias internacionales, presión diplomática. Un 'enfermo mental' internado en un hospital psiquiátrico es simplemente un enfermo. Caso cerrado. Humanitario. Civilizado.
Lo que sucede si esto continúa es previsible: la disidencia política en Cuba será sistemáticamente patologizada. Cada acto de resistencia será reinterpretado como síntoma de trastorno mental. Cada crítica al régimen, como delirio. Cada acto de valentía, como brote psicótico. El régimen habrá logrado lo que Stalin no pudo completamente: no solo silenciar la disidencia, sino hacer que la sociedad misma crea que los disidentes están enfermos. Es el control total del significado.
El régimen argumentará, por supuesto, que está actuando en beneficio del individuo. Que hospitaliza por humanitarismo médico, no por represión política. Que el 'Spiderman' necesita tratamiento psiquiátrico, no castigo. Es el argumento más perverso porque suena razonable. Pero la medicina no es represión cuando el paciente puede rechazarla, cuando puede buscar segunda opinión, cuando puede apelar. En Cuba, donde el régimen controla toda la estructura médica y la disidencia no tiene derechos procesales, la medicina se convierte en represión pura. Llamarla de otra forma es complicidad intelectual.
A los cubanos en la isla y en el exilio: esto no es un caso aislado de un joven problemático. Es la exposición de un método. Cada vez que vean a alguien acusado de 'enfermedad mental' tras protestar, pregúntense: ¿es diagnóstico o represión? La respuesta está en el patrón. Y el patrón en Cuba es inequívoco: la disidencia política se medicaliza porque la dictadura sabe que la represión abierta ya no tiene legitimidad internacional. Así que la oculta bajo el uniforme blanco del médico. Exijan que cualquier internamiento de activistas sea verificado por organismos internacionales independientes. Exijan que se publiquen los diagnósticos. Exijan transparencia. Porque en una dictadura, el silencio médico es siempre represión.
