Mientras Cuba volvía a quedar a oscuras por otro apagón nacional, el embajador de la isla ante la ONU salió a defender en un foro internacional la llamada transición energética. La escena resume una de las contradicciones más visibles del modelo cubano: un gobierno que habla de modernización y futuro mientras el sistema eléctrico sigue al borde del colapso y la población carga con las consecuencias de décadas de improvisación, falta de inversión y mala gestión.
La defensa de esa transición no sorprende por su contenido, sino por el contraste con la realidad del país. En Cuba, los cortes de electricidad ya no se viven como episodios aislados, sino como una rutina que condiciona la vida doméstica, el trabajo, el transporte, la conservación de alimentos y la atención en hospitales y escuelas. Cada nuevo apagón desnuda el estado de una infraestructura deteriorada que el régimen intenta maquillar con discursos internacionales y promesas de transformación que rara vez se concretan en soluciones palpables.
El problema energético cubano no es nuevo. Durante años, las autoridades han atribuido la crisis a factores externos, desde la falta de financiamiento hasta las sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, la raíz del deterioro también está dentro del propio sistema: una economía centralizada, incapaz de sostener el mantenimiento de termoeléctricas envejecidas, una red de generación dependiente de combustibles escasos y una planificación que ha priorizado la propaganda por encima de la eficiencia. El resultado es una matriz energética frágil, con apagones recurrentes y una dependencia estructural que el aparato estatal no ha logrado resolver.
En ese contexto, la palabra transición energética se convierte en una fórmula política más que en una hoja de ruta clara. El concepto podría aludir a mayor uso de fuentes renovables, diversificación de la generación o modernización de la red. Pero en Cuba, donde el acceso a equipos, insumos y financiamiento está limitado por la crisis interna y por la incapacidad del Estado de atraer inversión real, cualquier anuncio de cambio queda atrapado entre la retórica y la escasez. La población, que no recibe estabilidad en el suministro, tampoco ve resultados concretos en su vida diaria.
La contradicción es todavía más visible porque el régimen insiste en proyectar al exterior una imagen de capacidad técnica y compromiso ambiental, mientras dentro del país el sistema no logra sostener lo básico. Hablar de transición energética en la ONU puede servir para ganar tiempo, cultivar alianzas o presentarse como un actor responsable en el debate global. Pero en la isla el debate es otro: cómo cocinar, cómo conservar medicamentos, cómo mantener encendidos los equipos médicos y cómo resistir jornadas enteras sin servicio eléctrico.
El apagón nacional, además, no solo afecta a los hogares. También golpea a la economía informal, a los pequeños negocios, a los servicios estatales y a una ya debilitada cadena de producción y distribución. Cuando se va la luz, se detienen refrigeradores, panaderías, talleres, bombas de agua y terminales de pago. En una economía asfixiada por la escasez y la inflación, la falta de electricidad actúa como un multiplicador del deterioro. Cada corte prolongado añade presión a una sociedad que vive entre la improvisación y la incertidumbre.
El discurso oficial suele intentar presentar estos episodios como obstáculos transitorios. Pero la reiteración de los apagones demuestra que el problema es estructural. No se trata de un fallo puntual, sino de un sistema que no logra generar confianza ni estabilidad. La red eléctrica cubana sigue dependiendo de plantas obsoletas, de combustibles cuya disponibilidad varía y de una planificación que ha demostrado sus límites. Mientras tanto, las promesas de modernización se acumulan sin que aparezca una salida creíble.
La presencia del embajador cubano en la ONU defendiendo esa transición también revela otra constante del régimen: la desconexión entre la narrativa diplomática y la vida real de los cubanos. En foros internacionales, las autoridades cubanas suelen hablar de resiliencia, soberanía y desarrollo sostenible. En la práctica, los ciudadanos enfrentan jornadas de apagón, escasez de agua, transporte inestable y una economía que no ofrece respuestas. Ese desfase alimenta el malestar social y profundiza la pérdida de credibilidad del aparato estatal.
A falta de reformas profundas, el gobierno sigue recurriendo a explicaciones externas y a mensajes de optimismo que no resisten la prueba del día a día. La transición energética, si alguna vez llega a materializarse, requeriría transparencia, inversión, competencia técnica y voluntad política para desmontar décadas de abandono. Nada de eso parece estar garantizado bajo el actual modelo. Por eso, cada intervención en la ONU sobre sostenibilidad termina chocando con la misma imagen dentro de la isla: barrios enteros a oscuras y un país que sigue esperando luz, en el sentido más literal y más político de la palabra.
