Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio alertaron desde Miami sobre una suspensión sistemática de la Constitución y una ruptura profunda del orden institucional que, según su análisis, hace imposible cualquier proceso electoral legítimo en el país.
Los exjueces denunciaron que la arquitectura institucional venezolana ha sido desmantelada deliberadamente, eliminando los contrapesos que garantizarían elecciones transparentes y competitivas. Su advertencia llega en un momento en que el régimen de Nicolás Maduro enfrenta presión internacional creciente para permitir procesos electorales creíbles, pero mantiene un control absoluto sobre los organismos que deberían garantizar su legitimidad.
La denuncia de estos magistrados refleja una realidad que trasciende Venezuela: la imposibilidad de celebrar elecciones democráticas cuando la rama judicial ha sido capturada por el poder ejecutivo. Sin independencia judicial, sin garantías constitucionales y sin respeto a la separación de poderes, cualquier voto se convierte en un acto de ficción política que legitima la dictadura sin cambiar su naturaleza.
Esta advertencia desde el exilio cobra especial relevancia porque proviene de quienes conocen íntimamente los mecanismos legales que el régimen ha destruido. No se trata de crítica política externa, sino de diagnóstico técnico de profesionales que ocuparon las posiciones más altas de la judicatura venezolana y pueden certificar su colapso institucional.
Para millones de venezolanos dentro y fuera de la isla, el mensaje es claro: mientras Maduro controle los tribunales, las elecciones serán teatro político. Los exiliados cubanos comprenden esta dinámica mejor que nadie, habiendo vivido décadas bajo un régimen que también utilizó la apariencia de procesos electorales para mantener la ilusión de legitimidad mientras consolidaba su poder absoluto. La experiencia cubana demuestra que la captura judicial es el primer paso hacia la dictadura permanente, y el último paso hacia su perpetuación.
La comunidad internacional, particularmente la administración Trump y su Secretario de Estado Marco Rubio, ha mantenido una posición firme respecto a la necesidad de elecciones genuinas en Venezuela. Sin embargo, la denuncia de estos magistrados subraya que no puede haber elecciones genuinas sin instituciones genuinas, y que el régimen venezolano ha invertido años en destruir precisamente eso.
La pregunta que queda resonando es incómoda para quienes buscan soluciones rápidas: ¿puede reconstruirse la institucionalidad democrática mientras el mismo régimen que la destruyó mantiene el control total del aparato estatal? La historia de Cuba sugiere que no.
