La dirección política cubana volvió a admitir una realidad que durante años ha tratado de minimizar: la corrupción interna alcanza también al sector eléctrico, uno de los servicios más sensibles para la vida diaria de la población. Morales Ojeda reconoció que existen denuncias sobre manejos irregulares y resumió el problema con una frase que, más que explicar, intenta relativizarlo: “Cuatro o cinco empañan el esfuerzo de la mayoría”.
Esa formulación deja ver el libreto habitual del poder en Cuba. Cuando afloran prácticas corruptas, el discurso oficial se apresura a reducirlas a casos aislados, como si el problema pudiera separarse del sistema que lo produce. En la práctica, la corrupción en empresas estatales, almacenes, combustibles, talleres y redes de distribución no surge en el vacío. Se alimenta de la escasez, de la falta de transparencia, de controles burocráticos débiles y de un modelo económico donde abundan los incentivos torcidos y escasean las vías legales para resolver necesidades básicas.
El sector eléctrico cubano opera desde hace años en una situación crítica. La generación no cubre la demanda, las averías se repiten, las termoeléctricas trabajan con limitaciones y los apagones forman parte de la rutina de millones de personas. En ese escenario, cada desvío de recursos, cada robo de combustible, cada pieza desaparecida o cada manipulación en los procesos de trabajo golpea todavía más a un sistema ya deteriorado. La corrupción no solo encarece la crisis: la profundiza.
El reconocimiento de Morales Ojeda también tiene una carga política. Cuando el propio aparato admite denuncias dentro de una rama tan estratégica, queda claro que el problema no puede seguir disfrazándose con llamados abstractos a la disciplina o a la vigilancia. El régimen cubano ha construido durante décadas un discurso moralista sobre la “batalla contra las indisciplinas”, pero ese lenguaje suele servir para castigar a unos pocos mientras se protege a la estructura que permite y reproduce los abusos.
En Cuba, el sistema eléctrico no es solo una infraestructura técnica. Es un termómetro del colapso institucional. Cada avería expone la falta de inversión, la obsolescencia de las plantas, la dependencia del combustible importado y la incapacidad del Estado para sostener un servicio básico sin improvisación permanente. Si a eso se le suman las denuncias por corrupción, el panorama es todavía más grave: no se trata únicamente de ineficiencia, sino también de saqueo interno en medio de una emergencia nacional.
La frase de Morales Ojeda busca transmitir control, pero termina revelando fragilidad. Si apenas “cuatro o cinco” pudieran empañar el trabajo de la mayoría, el gobierno tendría mecanismos eficaces para detectar, sancionar y corregir esos casos. Sin embargo, la acumulación de denuncias en distintos sectores sugiere lo contrario: una red de irregularidades que se repite porque el sistema no cambia, solo administra el escándalo cuando estalla.
La población conoce bien las consecuencias. Cuando faltan piezas, cuando se pierden recursos, cuando un almacén es desviado, cuando un combustible desaparece o cuando una instalación no recibe mantenimiento real, el resultado termina apareciendo en la casa de cada cubano: más apagones, más retrasos, más colas, más improvisación y más desgaste. El ciudadano común paga con tiempo, con dinero y con angustia el costo de una estructura estatal que no rinde cuentas.
El problema tampoco puede explicarse solo por la conducta individual de algunos trabajadores. En un país donde los salarios estatales resultan insuficientes para vivir, donde el acceso a bienes básicos depende muchas veces de redes informales y donde el Estado monopoliza los sectores clave sin mecanismos reales de fiscalización independiente, la corrupción se convierte en una extensión natural del fracaso estructural. El régimen intenta presentarla como desvío moral de unos cuantos, pero el entorno institucional la alimenta todos los días.
Además, la respuesta oficial suele quedarse en la advertencia, la reunión o el llamado a la “conciencia revolucionaria”, sin abrir espacios reales para la supervisión ciudadana, la prensa independiente o el escrutinio externo. Mientras no exista transparencia sobre los contratos, las compras, los inventarios, las fallas y las responsabilidades, las denuncias seguirán apareciendo como noticias aisladas en vez de formar parte de una investigación seria sobre cómo funciona el sistema eléctrico cubano.
Que Morales Ojeda admita este tipo de casos confirma una tendencia ya conocida: el poder en Cuba reconoce los síntomas, pero evita tocar las causas. Habla de corrupción, pero no de rendición de cuentas. Habla de disciplina, pero no de controles efectivos. Habla de esfuerzo colectivo, pero mantiene intacto un modelo que castiga al trabajador honesto y protege a la maquinaria que concentra poder y opacidad.
Por eso, más que una confesión puntual, la frase deja una pregunta de fondo: ¿cuántos “cuatro o cinco” hacen falta para que el país entero siga pagando las consecuencias? Mientras el gobierno insista en reducir el problema a individuos y no al sistema, la corrupción seguirá apareciendo donde más daño produce: en un sector eléctrico agotado, en una economía en ruinas y en un pueblo que continúa soportando las consecuencias de decisiones tomadas desde arriba.
