El Partido Comunista de Cuba aseguró recientemente que la población cubana se movilizará para defender a Raúl Castro, el excomandante que gobernó la isla durante 12 años hasta 2018 y que continúa siendo figura central en la estructura de poder del régimen. La declaración representa un intento del aparato estatal por blindar políticamente al exlíder en un contexto de creciente descontento ciudadano y presiones internacionales contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
La afirmación del Partido Comunista llega en un momento de particular fragilidad para la legitimidad del régimen cubano. Desde hace más de dos años, la isla enfrenta una crisis energética sin precedentes que ha generado apagones diarios, escasez de alimentos y medicinas, y un deterioro acelerado de los servicios básicos. Estos factores han alimentado el descontentamiento ciudadano, visible en las protestas espontáneas que han ocurrido en diferentes provincias, aunque con menor visibilidad mediática que las del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en una de las mayores movilizaciones de resistencia de los últimos años.
La invocación de Raúl Castro como símbolo de defensa revela la estrategia del régimen de apelar a la nostalgia de su período de gobierno, cuando la isla aún contaba con subsidios soviéticos y una relativa estabilidad económica. Sin embargo, analistas señalan que esta narrativa choca con la realidad vivida por millones de cubanos que experimentaron bajo su liderazgo las primeras fases de la crisis económica actual, así como represión contra disidentes y activistas de derechos humanos. La promesa de movilización masiva contrasta marcadamente con la realidad de un pueblo agotado por la escasez y la represión.
Desde el exilio cubano, particularmente en Miami, la declaración ha sido recibida con escepticismo. Activistas y familiares de presos políticos cuestionan la capacidad real del régimen para convocar movilizaciones genuinas, señalando que las concentraciones públicas en Cuba funcionan bajo mecanismos de obligatoriedad laboral y escolar, no como expresiones voluntarias de apoyo. Organizaciones de derechos humanos han documentado que actualmente hay más de 1.000 presos políticos en la isla, muchos de ellos encarcelados por expresar críticas al gobierno o participar en protestas pacíficas.
La declaración del Partido Comunista también ocurre en un contexto de cambios en la política exterior estadounidense. Con Donald Trump como presidente desde enero de 2025 y Marco Rubio como Secretario de Estado, la administración ha mantenido una postura firme contra el régimen cubano, enfocando sus sanciones en el aparato gubernamental y militar, no en la población civil. Esta presión internacional añade otra capa de complejidad a los esfuerzos del régimen por mantener cohesión interna y legitimidad política.
La realidad en las calles de La Habana, Santiago de Cuba y otras ciudades principales cuenta una historia diferente a la que el Partido Comunista intenta proyectar. Ciudadanos reportan que la prioridad cotidiana no es defender figuras políticas del pasado, sino resolver problemas inmediatos: conseguir electricidad, alimentos y medicinas. Las colas en las farmacias y las búsquedas desesperadas de combustible ocupan el tiempo y la energía de la mayoría de los cubanos, dejando poco espacio para movilizaciones políticas que no respondan a necesidades materiales urgentes.
La promesa de defensa masiva de Raúl Castro plantea una pregunta fundamental sobre la brecha entre lo que el régimen declara y lo que realmente ocurre en la sociedad cubana: ¿puede un gobierno que no puede garantizar electricidad ni alimentos básicos convocar genuinamente a su población para defender a sus líderes históricos?
