Un robo de paneles solares ha afectado la infraestructura de Etecsa en Santiago de Cuba, según reportes recientes, sumando un nuevo golpe a los esfuerzos de la empresa estatal por mantener el suministro eléctrico en una provincia que lleva años bajo apagones diarios.
El hurto de equipos de energía renovable representa un problema creciente para la empresa de telecomunicaciones y servicios eléctricos, que ha invertido en paneles solares como alternativa ante la escasez de combustible y la capacidad limitada de generación convencional. Santiago de Cuba, segunda ciudad más importante del país, ha sido particularmente vulnerable a los cortes de electricidad, con jornadas que superan las 12 horas sin servicio.
La depredación de infraestructura energética refleja una realidad más amplia: mientras el régimen intenta modernizar la red eléctrica con tecnología renovable, ciudadanos desesperados por sobrevivir la crisis recurren al robo de materiales que podrían venderse en el mercado negro. Los paneles solares, al ser equipos de alto valor y demanda en mercados informales, se han convertido en blancos frecuentes de hurtos en toda la isla.
Etecsa ha reportado pérdidas significativas por robo de infraestructura en los últimos años, incluyendo cables, transformadores y ahora componentes solares. Cada hurto reduce la capacidad de la empresa para expandir o mantener el servicio, perpetuando el ciclo de apagones que afecta a millones de cubanos. La falta de seguridad adecuada en instalaciones remotas facilita estos robos, mientras que la presencia policial insuficiente permite que los delincuentes actúen con relativa impunidad.
Para familias en Santiago de Cuba, el robo de paneles solares significa menos esperanza de que la situación mejore. Muchos han invertido en sistemas solares privados para sus hogares, pero la infraestructura pública sigue deteriorándose. Activistas y ciudadanos denuncian que el régimen prioriza mantener el control político sobre invertir recursos reales en solucionar la crisis energética, permitiendo que la infraestructura se desmorone mientras la población sufre las consecuencias.
En el contexto internacional, la crisis energética cubana ha atraído atención de organismos de derechos humanos que documentan cómo los apagones afectan el acceso a servicios básicos como agua potable, refrigeración de medicinas y comunicaciones. La administración Trump, a través del Departamento de Estado bajo Marco Rubio, mantiene sanciones dirigidas al régimen cubano, argumentando que el gobierno es responsable de su propia crisis al no invertir adecuadamente en infraestructura y permitir la corrupción sistemática.
El robo de paneles solares en Santiago de Cuba expone una verdad incómoda: mientras el régimen culpa a factores externos por la crisis energética, la realidad interna muestra un sistema donde la infraestructura se desmorona, los ciudadanos recurren a la delincuencia por supervivencia, y las soluciones tecnológicas se pierden antes de beneficiar a la población. ¿Cuánta infraestructura más debe perderse antes de que el gobierno reconozca que el problema no son las sanciones, sino la gestión fallida de sus propios recursos?
