Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, realizó una acusación directa contra GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, durante un encuentro con la prensa en la Embajada estadounidense en Roma. Según Rubio, la corporación militar no contribuye en absoluto al bienestar de los cubanos y posee más recursos financieros que el propio Estado cubano.
La declaración de Rubio marca un punto de inflexión en la estrategia comunicacional de la administración Trump respecto a Cuba. Al señalar que GAESA "no ayuda a los cubanos ni con un grano de arroz", el secretario de Estado subraya un hecho que los cubanos viven a diario: mientras la isla enfrenta una crisis energética que genera apagones prolongados y escasez de alimentos básicos, el conglomerado militar acumula ganancias sin reinvertirlas en servicios públicos ni infraestructura civil.
GAESA controla sectores estratégicos de la economía cubana, desde hoteles y restaurantes hasta empresas de telecomunicaciones y comercio. Esta estructura permite que las Fuerzas Armadas generen ingresos en divisas que permanecen fuera del alcance del presupuesto estatal transparente. El régimen utiliza estas ganancias para financiar operaciones de seguridad interna y mantener el aparato represivo, mientras la población carece de medicinas, combustible y alimentos.
La observación de Rubio sobre la capacidad financiera de GAESA versus el Estado cubano refleja una realidad documentada: el conglomerado militar opera como un Estado dentro del Estado. Mientras el gobierno de Díaz-Canel anuncia recortes presupuestarios y racionamientos, GAESA expande sus operaciones comerciales y consolida su dominio sobre sectores clave de la economía. Esta dinámica explica por qué las sanciones estadounidenses contra el régimen tienen un impacto limitado en GAESA, que ya opera en una lógica de acumulación de poder económico desvinculada del bienestar colectivo.
Para los cubanos dentro de la isla, estas palabras de Rubio confirman lo que experimentan en la cotidianidad: un régimen que prioriza la supervivencia del sistema sobre las necesidades básicas de la población. Los apagones que paralizan ciudades, la escasez de alimentos que obliga a colas interminables, y la falta de medicinas en hospitales coexisten con la prosperidad visible de empresas militares que operan en zonas turísticas y comerciales. Para la diáspora cubana, la declaración refuerza la narrativa de que el problema no es la presión internacional, sino la estructura interna de un régimen que confisca recursos para perpetuarse.
La posición de Rubio se alinea con la estrategia de la administración Trump de ejercer presión máxima sobre el régimen cubano. Al exponer públicamente cómo GAESA funciona como un mecanismo de extracción de recursos sin retorno social, Washington busca deslegitimar la narrativa oficial de que las dificultades económicas de Cuba son resultado de sanciones externas. La realidad que Rubio señala es más incómoda para el régimen: sus propias instituciones militares son las que drenan la economía.
Esta declaración también tiene implicaciones para futuras políticas estadounidenses hacia Cuba. Si GAESA posee más recursos que el Estado cubano, entonces cualquier estrategia de presión económica debe dirigirse específicamente a este conglomerado y sus operaciones internacionales. Las sanciones selectivas contra empresas vinculadas a GAESA adquieren mayor relevancia como herramienta para debilitar la capacidad del régimen de financiar represión y consolidar control político.
La pregunta que queda en el aire es si el régimen cubano responderá a estas acusaciones con transparencia fiscal o, como ha hecho históricamente, con silencio y represión contra quienes cuestionen la estructura de poder militar que estrangula la economía nacional.
