Sancti Spíritus ha sido empujada a poner a producir carbón a sus empresas agrícolas, una decisión que vuelve a dejar al descubierto la precariedad estructural del aparato productivo cubano y la costumbre del régimen de reciclar recursos y mandatos para cubrir urgencias inmediatas. La medida se suma a una larga cadena de parches con los que las autoridades intentan sostener una economía rural agotada, sin inversión suficiente, sin insumos estables y con una crisis alimentaria que no deja de profundizarse.
La disposición, según la información disponible, coloca a las entidades agrícolas de la provincia ante una nueva presión operativa en un momento en que muchos de esos actores ya arrastran dificultades para cumplir sus funciones básicas. En lugar de concentrar esfuerzos en elevar la producción de alimentos, el aparato estatal vuelve a desviar capacidades hacia una actividad que, aunque puede generar ingresos rápidos, no resuelve el problema de fondo: la incapacidad del modelo para garantizar una agricultura eficiente y autosuficiente.
El carbón vegetal ha ocupado en Cuba un lugar cada vez más visible dentro de la economía de emergencia. En medio del derrumbe productivo, la exportación y comercialización de este rubro se ha convertido en una vía de captación de divisas para el Estado, mientras en el interior del país se mantienen los déficits de alimentos, combustible, transporte y equipos. La orden en Sancti Spíritus encaja en esa lógica: exprimir a las empresas del campo para obtener un producto de salida más rápida, aunque eso signifique profundizar el desbalance entre la producción de comida y las necesidades reales de la población.
El problema es que las empresas agrícolas cubanas no funcionan en un entorno normal. Arrastran años de centralización, trabas burocráticas, falta de autonomía y una dependencia casi total de decisiones tomadas desde arriba. A eso se suman el deterioro de la maquinaria, la escasez de fertilizantes, la falta de piezas de repuesto y el éxodo de trabajadores del sector. En esas condiciones, pedirles que sostengan más obligaciones productivas equivale, en la práctica, a exigirles que resuelvan con menos lo que ya no alcanzan a cubrir con nada.
Sancti Spíritus, como otras provincias del centro del país, ha sido escenario recurrente de experimentos administrativos que terminan cargando sobre las empresas estatales la responsabilidad de responder a la crisis. El régimen presenta esas decisiones como iniciativas de “reactivación” o “aprovechamiento de capacidades”, pero en la práctica suelen traducirse en más presión, más desorganización y menos foco en las áreas prioritarias. El resultado es un sistema que reparte tareas sin resolver la raíz del colapso productivo.
La producción de carbón también refleja la forma en que la economía cubana ha quedado atrapada entre la urgencia de obtener divisas y la incapacidad de garantizar bienestar en el mercado interno. Mientras una parte de la estructura estatal se orienta a actividades exportables o de rápida monetización, la población sigue enfrentando apagones, inflación, desabastecimiento y una oferta alimentaria insuficiente. El campo, que debería ser uno de los pilares para aliviar esa situación, termina convertido en un soporte adicional para la supervivencia financiera del régimen.
Ese patrón no es nuevo. Durante décadas, las autoridades han impuesto objetivos cambiantes a las entidades productivas sin crear condiciones reales para cumplirlos. Primero fue la zafra como símbolo de sacrificio nacional; después vinieron los programas agrícolas, las “transformaciones”, los polos productivos y los llamados a producir más con menos. El discurso se repite, pero la realidad apenas cambia: baja productividad, escaso incentivo para los trabajadores y una administración que sigue operando bajo criterios políticos antes que económicos.
La orden de hacer carbón en Sancti Spíritus, vista desde esa perspectiva, no es una solución sino otra señal de agotamiento. Cuando una provincia agrícola necesita desviar parte de sus esfuerzos hacia un producto alternativo para sostener la caja del Estado, lo que queda en evidencia es la incapacidad de garantizar una estrategia coherente de desarrollo rural. El régimen sigue administrando la escasez en vez de corregirla.
Para el cubano de a pie, estas decisiones tienen consecuencias muy concretas. Cada vez que el sistema prioriza un rubro de exportación o una tarea impuesta por urgencia financiera, se reducen las posibilidades de que el mercado interno reciba alivio. Menos atención al alimento, más presión sobre los trabajadores, más desgaste de la infraestructura y más dependencia de órdenes improvisadas desde las estructuras provinciales y nacionales.
El caso de Sancti Spíritus también abre una ventana a la fragilidad del sector agrícola estatal, que continúa siendo tratado como brazo ejecutor de la política económica oficial, no como motor productivo con capacidad de decisión propia. Mientras esa lógica no cambie, cualquier mandato nuevo corre el riesgo de terminar igual que los anteriores: como una carga adicional sobre un sistema que ya no da más.
La provincia deberá ahora absorber una tarea más en medio de un escenario de crisis prolongada. Pero el trasfondo va mucho más allá de una orden puntual: lo que vuelve a asomar es un modelo agotado, incapaz de garantizar alimentos y obligado a buscar en el carbón, otra vez, una salida momentánea a problemas que llevan años acumulándose.
