Siete familias continúan viviendo en el gimnasio de boxeo Jesús Montané Oropesa, en el barrio habanero de San Isidro, casi tres años después de que el edificio donde residían, en Santa Clara e Inquisidor, sufriera un derrumbe parcial el 25 de junio de 2023. La historia, que ya debería haber terminado con una solución habitacional, sigue abierta como una muestra brutal de la emergencia de vivienda en Cuba y del abandono institucional que padecen quienes quedan fuera del discurso oficial.
La permanencia de estas familias en un espacio deportivo adaptado de emergencia no es un episodio aislado, sino el retrato de una crisis estructural que el régimen ha permitido agravar durante décadas. En La Habana, donde el deterioro del fondo habitacional es visible en barrios enteros, los derrumbes se repiten con una frecuencia que revela más que accidentes: exponen años de negligencia, falta de mantenimiento y respuestas tardías o insuficientes por parte de las autoridades. Cuando una vivienda colapsa, el problema no termina con el escombro. Apenas empieza la travesía de los desplazados.
En este caso, los afectados han pasado casi tres años en condiciones críticas, según la información disponible. La vida en un gimnasio improvisado como albergue supone hacinamiento, precariedad, ausencia de privacidad y una rutina marcada por la incertidumbre. Para cualquier familia, y sobre todo para niños, ancianos o personas con enfermedades, esa espera prolongada se convierte en una forma de castigo. En vez de una solución estable, reciben la promesa constante de una salida que nunca llega o que se posterga sin explicación suficiente.
La Habana ha acumulado en los últimos años numerosos casos de personas obligadas a refugiarse en locales estatales, escuelas, instalaciones deportivas o viviendas improvisadas después de derrumbes. El patrón se repite: las familias pierden su hogar, quedan registradas como casos sociales, y después se enfrentan a una burocracia lenta, recursos escasos y una administración incapaz de responder al ritmo de la emergencia. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en presentar la situación como si se tratara de hechos puntuales, cuando en realidad responde a un colapso habitacional más amplio.
El caso de San Isidro también pone en evidencia la desigualdad con que se gestiona la crisis urbana en la capital. En determinadas zonas, las imágenes de fachadas apuntaladas, techos con filtraciones y paredes agrietadas forman parte del paisaje cotidiano. Pero quienes viven allí no tienen margen para esperar un programa de rehabilitación que, en muchos casos, no llega nunca. La política de vivienda del régimen ha funcionado más como una administración del deterioro que como una estrategia real de recuperación del parque habitacional.
Desde el derrumbe parcial del 25 de junio de 2023, el tiempo ha jugado en contra de los residentes. Cada mes adicional en un albergue improvisado erosiona más la salud física y mental de los desplazados. La incertidumbre sobre el futuro, la falta de espacio y la exposición constante a malas condiciones sanitarias convierten una medida temporal en una condena prolongada. Lo que debía durar días o semanas se ha extendido por años, sin que se conozca una solución definitiva para todos los afectados.
En Cuba, los derrumbes no solo dejan pérdidas materiales. También revelan la forma en que el Estado asume, o evita asumir, su responsabilidad sobre la vivienda y la protección social. Cuando una familia queda sin techo, la respuesta institucional suele ser fragmentaria y opaca. Se prometen evaluaciones, se anuncian trámites, se remite a inventarios de recursos, pero el resultado final muchas veces es el mismo: la gente sigue esperando. Y esa espera, en la práctica, se vuelve parte del problema.
La situación de las siete familias de San Isidro plantea además una pregunta incómoda sobre las prioridades de un sistema que dice defender a los más vulnerables mientras los deja vivir durante casi tres años en un gimnasio. No se trata solo de un conflicto de infraestructura, sino de una falla política y moral. Cuando el derecho a una vivienda digna depende de la paciencia de los afectados y de la voluntad burocrática de un aparato ineficiente, el daño deja de ser accidental y se vuelve estructural.
El desenlace de este caso todavía no está claro. Pero la información conocida basta para entender que la emergencia no se limita a un edificio derrumbado ni a un albergue improvisado. En el centro está la pregunta por la responsabilidad del régimen frente a una crisis habitacional que sigue expulsando a familias enteras a soluciones temporales que se eternizan. Mientras no exista una respuesta real, San Isidro seguirá siendo una postal de la Cuba que se cae a pedazos y que obliga a sus propios habitantes a sobrevivir entre ruinas.
