Tres cubanos enfrentan cargos por sabotaje eléctrico después de ser acusados de robar aceite dieléctrico de un transformador en Jatibonico, municipio de la provincia de Sancti Spíritus, según reportes de abril de 2026. El caso refleja la gravedad que ha adquirido el deterioro de la infraestructura energética cubana y cómo el régimen responde con procesamiento penal a quienes afectan el ya precario sistema de distribución eléctrica.
El robo de aceite dieléctrico constituye un delito grave en Cuba porque este componente es esencial para el funcionamiento de transformadores de alta tensión. Su sustracción no solo causa daños inmediatos al equipo, sino que interrumpe el suministro eléctrico a comunidades enteras. En Jatibonico, municipio de aproximadamente 50,000 habitantes, cualquier afectación a la infraestructura energética amplifica los apagones que ya caracterizan la vida cotidiana cubana desde hace más de dos años.
La decisión de procesar penalmente a estos tres individuos ilustra la estrategia del gobierno de Díaz-Canel de criminalizar actos que, en contexto, revelan la desesperación de ciudadanos enfrentados a una crisis sin precedentes. Mientras la isla sufre cortes de electricidad que alcanzan 16 horas diarias en algunas regiones, el régimen prioriza perseguir a quienes hurtan materiales de infraestructura deteriorada en lugar de resolver las causas estructurales del colapso energético. Este enfoque punitivo ha sido consistente: desde 2024, las autoridades han intensificado operativos contra el robo de cobre, aluminio y otros materiales de valor de instalaciones públicas.
El caso de Jatibonico no es aislado. La crisis energética ha generado un mercado negro de componentes eléctricos donde ciudadanos desesperados venden materiales robados para subsistir. El aceite dieléctrico, en particular, tiene valor en el mercado informal porque puede reutilizarse en otros transformadores o venderse a talleres clandestinos. Para muchos cubanos, estos robos representan una forma de supervivencia económica en un país donde el salario promedio no alcanza para cubrir necesidades básicas.
En La Habana y otras ciudades, familiares de detenidos por delitos similares reportan que las acusaciones de sabotaje eléctrico conllevan penas severas, a menudo superiores a cinco años de prisión. Esto ha generado preocupación en la diáspora cubana, particularmente en Miami, donde organizaciones de derechos humanos monitorean estos casos como parte de un patrón más amplio de represión. El procesamiento de estos tres hombres se suma a más de 1,000 presos políticos documentados actualmente en cárceles cubanas, aunque las autoridades niegan estas cifras.
A nivel internacional, la situación energética de Cuba ha atraído atención limitada comparada con otras crisis humanitarias. Sin embargo, gobiernos como el de Estados Unidos, bajo la administración Trump desde enero de 2025, han mantenido sanciones que el régimen culpa por la escasez de combustible. Marco Rubio, Secretario de Estado desde enero de 2025, ha sido históricamente crítico con la política cubana, aunque la administración actual no ha anunciado cambios significativos en la política de sanciones específicamente dirigidas a resolver la crisis energética.
La pregunta que persiste es si el régimen continuará respondiendo a la crisis energética con represión penal o si eventualmente abordará las causas raíz: falta de inversión en infraestructura, dependencia de combustibles importados, y ausencia de diversificación energética. Mientras tanto, en pueblos como Jatibonico, la oscuridad sigue siendo tanto literal como metafórica.
