Elías Amor, economista español, advirtió sobre los riesgos que enfrentarían las Mipymes en Cuba si terminan asumiendo el pago de pensiones u otras obligaciones que tradicionalmente recaen sobre el Estado. La advertencia pone el foco en una de las contradicciones más visibles del modelo económico impuesto por el régimen: exigir resultados y responsabilidades al sector privado mientras el aparato estatal conserva el control político y descarga sobre terceros parte de sus propias cargas financieras.
La discusión no surge en el vacío. Desde la apertura limitada a las micro, pequeñas y medianas empresas, el gobierno cubano ha permitido la expansión de un tejido empresarial que opera bajo condiciones de fuerte dependencia administrativa, regulaciones cambiantes y una vigilancia constante. Aunque las Mipymes han servido para aliviar algunos vacíos del mercado interno, también han quedado expuestas a un marco legal inestable, con impuestos, topes y obligaciones que pueden modificarse con rapidez y sin verdadera consulta con los actores económicos.
En ese escenario, trasladarles el pago de pensiones significaría, según la advertencia de Amor, elevar el riesgo operativo y financiero de negocios que ya trabajan con márgenes estrechos. Para muchas de estas empresas, el problema no es solo cuánto deben aportar, sino la incertidumbre sobre la sostenibilidad de cualquier carga adicional en un país marcado por inflación, escasez de insumos, bajos salarios y una moneda sin estabilidad real. La economía cubana ha sido administrada durante décadas con decisiones improvisadas, y el resultado ha sido la asfixia del sector productivo, tanto estatal como privado.
El fondo del asunto es político. En Cuba, el régimen ha insistido en presentar la participación de las Mipymes como una muestra de modernización, pero al mismo tiempo mantiene las condiciones que impiden su desarrollo normal. No existe un verdadero mercado libre, ni acceso fluido a financiamiento, ni seguridad para importar y exportar sin trabas. Bajo esas circunstancias, cargar a las empresas con funciones sociales que corresponden al Estado puede convertirse en otra forma de extracción de recursos desde el sector productivo hacia una estructura pública incapaz de sostener por sí misma sus compromisos.
Las pensiones, además, forman parte de una crisis más amplia de protección social en la isla. El sistema cubano arrastra problemas de envejecimiento poblacional, baja productividad y un deterioro profundo de la capacidad estatal para garantizar servicios básicos. En vez de resolver esos desequilibrios con reformas de fondo, el régimen ha optado en repetidas ocasiones por repartir responsabilidades entre actores que no tienen poder real para corregir las causas del colapso. El resultado suele ser el mismo: más presión para quienes producen y menos soluciones para quienes dependen de ingresos fijos.
Para las Mipymes, el riesgo no se limita al pago puntual de una pensión. También está el precedente que se crea. Si el Estado logra trasladar una obligación sensible al sector privado sin definir límites claros, mañana podría intentar hacer lo mismo con otros gastos sociales, laborales o asistenciales. Esa lógica convierte a las empresas en una extensión informal de la administración pública, pero sin los recursos, la estabilidad ni las garantías que debería ofrecer cualquier estructura estatal seria.
El problema de fondo es que el régimen cubano sigue intentando sostener un discurso de transformación económica sin renunciar a su control absoluto sobre las decisiones clave. Permite ciertos espacios de iniciativa privada, pero los somete a reglas opacas y a una relación de subordinación que frena cualquier posibilidad de desarrollo genuino. En vez de reconocer que la crisis fiscal y productiva es consecuencia de décadas de mala gestión centralizada, busca trasladar parte del costo a los nuevos actores económicos.
La advertencia de Elías Amor apunta precisamente a ese mecanismo. Si las Mipymes cubanas terminan asumiendo tareas que no les corresponden, no solo aumentará su vulnerabilidad financiera; también quedará más claro que el Estado sigue descargando sobre el sector privado las consecuencias de su propio fracaso. En una economía donde las reglas cambian más rápido que los negocios pueden adaptarse, cada nueva obligación puede convertirse en un factor de cierre, de informalidad o de fuga hacia actividades menos visibles.
A mediano plazo, el debate sobre pensiones y Mipymes obligará a medir hasta qué punto el régimen está dispuesto a seguir improvisando sobre un sistema económico agotado. Mientras no haya transparencia, autonomía real para emprender y una estructura fiscal coherente, cualquier intento de ampliar las cargas sobre el sector privado solo profundizará la fragilidad de las empresas y el deterioro de la vida cotidiana en Cuba.
