La Corte Suprema de Estados Unidos celebra hoy una audiencia que podría tener un impacto significativo en el alcance del Título III de la Ley Helms-Burton. Este título permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar a quienes trafiquen con propiedades nacionalizadas en Cuba desde 1959. Los casos emblemáticos que se discuten son Exxon Mobil contra la Corporación CIMEX y Havana Docks Corporation contra Royal Caribbean Cruises Ltd., así como otras navieras.
En el litigio de Exxon, la petrolera busca recuperar más de 1,000 millones de dólares por activos confiscados en 1960, que incluyen refinerías y terminales vinculadas a CIMEX, una empresa estatal cubana. La controversia gira en torno a si CIMEX puede invocar la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras para evitar ser demandada en EE.UU. Un tribunal inferior ya había fallado en 2024 a favor de esta inmunidad, pero Exxon argumenta que el Título III fue diseñado para permitir que las víctimas de confiscaciones accedan a la justicia.
El segundo caso, que involucra a las compañías de cruceros, no se centra en la inmunidad soberana, sino en la validez de la concesión del puerto de La Habana, que fue revocada tras la llegada de Fidel Castro al poder. En 2022, una jueza federal determinó que las navieras habían traficado con propiedad confiscada, condenándolas a pagar 440 millones de dólares. Sin embargo, un tribunal de apelaciones anuló este fallo en 2024, argumentando que la concesión había expirado antes de las operaciones.
La Corte Suprema deberá decidir si el derecho a demandar depende de la vigencia formal de la concesión o del hecho de que la propiedad fue confiscada sin compensación. Un fallo que amplíe la interpretación del Título III podría reactivar miles de reclamaciones por confiscaciones, afectando a empresas internacionales y aumentando la presión sobre el régimen cubano, que ya enfrenta una crisis económica severa. La decisión se espera en los próximos meses y podría redefinir el marco legal en torno a las propiedades confiscadas en Cuba.
