Un reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas acusa al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de mantener un sistema de corrupción estatal y represión política en Nicaragua, utilizando recursos públicos para perseguir y silenciar a opositores.
Según el documento, el régimen habría desviado fondos del Estado para financiar estructuras destinadas a controlar y reprimir a la disidencia. Estas acciones incluirían vigilancia, detenciones arbitrarias y otras formas de intimidación contra activistas, periodistas y figuras críticas del gobierno.
Una red de vigilancia más allá de Nicaragua
El informe también advierte que el aparato de seguridad nicaragüense ha desarrollado una red transnacional de vigilancia e inteligencia, lo que permitiría extender el control y seguimiento de opositores incluso fuera del país.
De acuerdo con los expertos, esta estrategia implicaría cooperación con actores externos para monitorear, identificar y presionar a críticos del régimen en el extranjero.
ONU alerta por el deterioro de los derechos humanos
Los investigadores de la ONU señalan que la situación de los derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose, con múltiples denuncias de asesinatos, torturas y encarcelamientos de opositores políticos.
Desde las protestas de 2018, organismos internacionales han documentado un aumento de las restricciones a las libertades civiles y políticas, así como un cierre progresivo de los espacios democráticos en el país.
Preocupación internacional por el rumbo del país
Ante este panorama, la comunidad internacional ha expresado creciente preocupación por el debilitamiento de la democracia y del estado de derecho en Nicaragua.
Diversos gobiernos y organizaciones han pedido que se investiguen las violaciones denunciadas y que se adopten medidas para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses.
El informe subraya que la situación requiere atención urgente de la comunidad internacional, debido al alcance de las acusaciones y al impacto que estas prácticas tienen sobre la estabilidad institucional y la libertad política en Nicaragua.
