Nicolás Maduro, exgobernante de Venezuela, ha solicitado a un juez federal en Manhattan que desestime los cargos en su contra, alegando que el gobierno de Estados Unidos ha violado su derecho al debido proceso. En un escrito presentado el 27 de febrero de 2026, su abogado, Barry Pollack, argumentó que las autoridades estadounidenses impidieron que el gobierno venezolano cubriera los honorarios legales de Maduro, a pesar de que, según la defensa, este financiamiento le corresponde por su condición de jefe de Estado.
Pollack destacó que el 9 de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autorizó el pago de los honorarios legales con fondos del gobierno venezolano, pero revocó esa autorización menos de tres horas después. La defensa sostiene que esta acción compromete la legitimidad del proceso judicial, ya que impide que Maduro tenga acceso a una defensa adecuada.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en una cárcel federal de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, enfrentan cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, entre otros. Ambos se declararon inocentes en su primera comparecencia ante la justicia federal, donde se definieron como "prisioneros de guerra". La acusación formal incluye cuatro cargos principales, que podrían resultar en cadena perpetua si son hallados culpables.
Recientemente, se reveló que Maduro y Flores recibieron una visita consular el 30 de enero de 2026, aunque no se han divulgado detalles sobre el encuentro. La próxima audiencia, inicialmente programada para el 17 de marzo, fue aplazada para el 26 de marzo a las 11:00 a.m., tras la solicitud de la Fiscalía para más tiempo en la revisión de pruebas. Este caso se perfila como uno de los más relevantes contra un exgobernante latinoamericano en tribunales estadounidenses, mientras la defensa intenta frenar el juicio alegando la falta de garantías constitucionales debido al bloqueo de fondos para su defensa.
