Alberto Reyes volvió a criticar con dureza el rumbo de las reformas impulsadas por el régimen cubano y puso el foco en una idea que resume el agotamiento del modelo: la verdadera salida no pasa por abrir parcialmente la economía, sino por devolverle libertad al ciudadano. La frase, más que una consigna, resume una discusión que en Cuba lleva años sin resolverse, mientras el poder insiste en parches administrativos que no corrigen las causas estructurales de la crisis.
En un país marcado por la escasez, la inflación, los salarios pulverizados y la expansión de la desigualdad, las llamadas reformas oficiales han sido presentadas como soluciones graduales para sostener un aparato económico en ruinas. Pero la experiencia acumulada ha mostrado otra cosa: cada apertura parcial termina atrapada por el mismo sistema de control político, burocrático y policial que impide la iniciativa privada real y castiga cualquier forma de autonomía social o económica.
Reyes, sacerdote y una de las voces más persistentes dentro del debate público cubano, ha insistido en que no basta con permitir más negocios, más importaciones o más permisos si el ciudadano sigue viviendo bajo un esquema donde el Estado decide qué se puede producir, vender, pensar o reclamar. Su crítica no se limita a una medida puntual, sino que cuestiona la arquitectura completa del sistema, que utiliza el lenguaje de la reforma para maquillar una estructura que conserva intacto el monopolio del poder.
Esa lectura conecta con una realidad visible en la vida cotidiana. En Cuba, cada intento de reforma económica ha estado condicionado por la desconfianza del régimen hacia la sociedad civil y por su temor a perder control político. El resultado es un país donde se toleran ciertos espacios de mercado, pero no una economía verdaderamente libre; se admiten formas limitadas de emprendimiento, pero no derechos plenos para organizarse, reclamar, invertir o decidir sin tutela estatal.
Desde la reforma monetaria hasta las sucesivas aperturas al trabajo por cuenta propia, el discurso oficial ha prometido alivios que luego se diluyen en restricciones, impuestos, trabas y decisiones improvisadas. La población, mientras tanto, soporta apagones, desabastecimiento, deterioro del transporte, caída del poder adquisitivo y una emigración masiva que vacía hogares, centros de trabajo y comunidades enteras. En ese escenario, hablar de “liberar la economía” sin tocar el andamiaje político se vuelve, para muchos cubanos, una fórmula incompleta y engañosa.
La reflexión de Reyes también pone en evidencia una contradicción que el régimen trata de esconder: no existe desarrollo sostenible cuando el ciudadano no tiene libertad para actuar con independencia del aparato estatal. Sin seguridad jurídica, sin transparencia, sin separación real entre poder político y actividad económica, cualquier reforma queda subordinada al interés de una élite que administra la crisis en lugar de resolverla. El problema no es solo de eficiencia; es de legitimidad y de modelo de país.
Durante décadas, el poder ha presentado sus rectificaciones como si fueran concesiones generosas, pero siempre bajo la premisa de que la población debe agradecer pequeñas flexibilizaciones que en otros países forman parte de derechos elementales. Esa lógica ha impedido construir una economía basada en la confianza, la competencia y la responsabilidad individual. En cambio, ha profundizado la dependencia del Estado, multiplicado la informalidad y reforzado la supervivencia como forma de vida.
Por eso, cuando Reyes afirma que la solución no está en liberar la economía, sino en liberar al ciudadano, está señalando el núcleo político del desastre. La economía cubana no está estancada únicamente por errores técnicos o por falta de recursos; está secuestrada por un sistema que subordina todo al control social y a la preservación del poder. Mientras esa realidad no cambie, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en otra promesa vacía.
El planteamiento del sacerdote llega además en un momento en que el malestar social sigue acumulándose y la credibilidad del discurso oficial se erosiona cada vez más. El régimen insiste en culpar a factores externos o a supuestas dificultades coyunturales, pero el deterioro prolongado revela una verdad más incómoda: el país no avanza porque el poder no está dispuesto a ceder libertades reales. Y sin ciudadanía libre, no hay economía sana ni futuro estable.
La discusión que plantea Reyes trasciende la coyuntura y vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta decisiva para Cuba: ¿se quiere una apertura controlada para sostener el mismo sistema, o un cambio de fondo que reconozca al ciudadano como sujeto de derechos y no como pieza administrada por el Estado? Mientras esa respuesta siga sin llegar, el discurso reformista del régimen seguirá chocando con la misma pared de siempre: la ausencia de libertad.
