El régimen cubano rechazó este jueves cualquier condición estadounidense para liberar presos políticos durante las negociaciones diplomáticas en curso, en un enfrentamiento directo con la administración Trump que advierte sobre una ventana de tiempo limitada para alcanzar un acuerdo.
Ernesto Soberón Guzmán, embajador cubano ante la ONU, declaró a la Associated Press que los asuntos internos sobre detenidos no están sobre la mesa de negociaciones. "Tenemos nuestro sistema legal, como aquí en EE. UU. tienen el suyo. Así que tenemos que respetar los asuntos internos de ambos", enfatizó el diplomático. Su postura contrasta directamente con los reportes de USA Today y Axios, que indicaban que Washington había impuesto un plazo de dos semanas —con vencimiento el viernes 24 de abril— para que Cuba liberara a presos políticos de alto perfil, entre ellos el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Osorbo, ambos encarcelados desde las protestas del 11 de julio de 2021.
El Departamento de Estado respondió con una advertencia sin ambigüedades: "El régimen cubano debe dejar de jugar mientras se celebran conversaciones directas. Tienen una pequeña ventana para hacer un trato". La administración Trump reafirmó su compromiso con la liberación de todos los presos políticos, marcando una línea roja que La Habana rechaza cruzar. Las conversaciones iniciaron el 10 de abril, cuando una delegación estadounidense llegó en secreto a La Habana para los primeros encuentros directos de alto nivel en una década. Según Soberón Guzmán, la delegación de Washington participó a nivel de subsecretario de Estado, mientras que Cuba estuvo representada a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores.
Miguel Díaz-Canel describió la reunión como "respetuosa y profesional" y en una fase muy preliminar, negando la existencia de plazos específicos. Sin embargo, el trasfondo de estas negociaciones revela la verdadera presión que enfrenta el régimen: una crisis energética sin precedentes que ha paralizado la isla. Trump firmó en enero una orden ejecutiva que impone aranceles secundarios a países que exporten petróleo a Cuba, lo que llevó a México a suspender envíos de Pemex y a Venezuela a cortar el suministro subsidiado tras la captura de Nicolás Maduro. Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios de crudo, pero produce internamente solo unos 40,000 barriles.
A finales de marzo, el tanquero ruso Anatoly Kolodkin llegó al puerto de Matanzas con 730,000 barriles, el primer gran cargamento en más de tres meses. Soberón Guzmán reconoció que ese envío apenas cubre una fracción de lo que el país necesita para operar. La escasez de combustible ha profundizado los apagones, la pobreza y el hambre en toda la isla, con cortes de electricidad que en algunas comunidades superan las 40 horas. Estos apagones prolongados afectan directamente a millones de cubanos que enfrentan diariamente la falta de agua potable, refrigeración de alimentos y servicios básicos de salud.
Sobre las compensaciones a cubanoamericanos por propiedades confiscadas desde 1959, Soberón Guzmán confirmó que el tema estuvo sobre la mesa y que La Habana está receptiva, pero condicionó cualquier acuerdo a un alivio recíproco del embargo. "No es solo este reclamo, sino también el reclamo de nuestra parte porque el embargo tiene un impacto económico. Esta es una autopista con dos direcciones", señaló. La postura cubana busca vincular cualquier concesión sobre compensaciones con un levantamiento de las sanciones económicas que Washington mantiene desde hace más de seis décadas.
El diplomático también advirtió que Cuba observa con cautela la política exterior de Trump y que está preparada para cualquier escenario. "Estamos viendo lo que ocurre en todo el mundo, en nuestra región, en el Medio Oriente, así que no somos ingenuos. Nuestra primera opción —lo que realmente queremos— es un diálogo exitoso con el gobierno de EE. UU.", declaró. Pero añadió una advertencia velada: si se produjera una agresión militar estadounidense, "estamos listos para responder". Esta retórica defensiva refleja la vulnerabilidad del régimen ante una administración Trump que ha demostrado disposición a usar presión económica y diplomática como herramientas de política exterior.
La negociación revela un dilema fundamental para Díaz-Canel: necesita desesperadamente alivio económico para evitar un colapso social, pero cede terreno político si libera a presos políticos que se han convertido en símbolos de resistencia interna. Los cubanoamericanos en Miami y otras ciudades estadounidenses observan estas conversaciones con escepticismo, recordando décadas de promesas incumplidas del régimen. Para la diáspora, la liberación de presos políticos no es una concesión diplomática sino una cuestión de derechos humanos fundamentales. La ventana que Washington menciona no es solo temporal sino también política: cada día que pasa sin avances refuerza la narrativa de que el régimen prioriza su supervivencia sobre la libertad de sus ciudadanos.
