Gerardo Hernández, exoficial de inteligencia cubano, lanzó recientemente un llamado para que ciudadanos firmaran en apoyo al régimen de Miguel Díaz-Canel, pero su convocatoria generó una respuesta contundente de cubanos dentro y fuera de la isla que rechazaron categóricamente participar en lo que consideran un acto de legitimación de la dictadura.
La frase que resume el sentimiento de los opositores es clara: "Mi firma no es para sostener dictaduras". Esta declaración refleja la posición de activistas, disidentes y ciudadanos comunes que ven en la iniciativa de Hernández un intento más del régimen por construir una apariencia de apoyo popular en momentos de creciente aislamiento internacional y crisis económica interna.
Gerardo Hernández, conocido por su rol en operaciones de seguridad del Estado cubano durante décadas, representa para muchos cubanos la continuidad de un aparato represivo que ha mantenido el control mediante vigilancia, intimidación y represión. Su llamado a firmar genera desconfianza inmediata entre sectores que han experimentado directamente las consecuencias de las políticas de seguridad que él ayudó a implementar.
La respuesta de los cubanos evidencia un cambio en la narrativa pública. Mientras el régimen intenta movilizar apoyo mediante figuras históricas del aparato estatal, encuentra resistencia incluso entre ciudadanos que podrían haber sido considerados cercanos al gobierno. Esta fractura refleja el deterioro de la legitimidad política en Cuba, donde la crisis energética que persiste desde hace más de dos años, los apagones diarios y la escasez de alimentos han erosionado significativamente el consenso que el régimen intentaba mantener.
Los activistas que rechazaron públicamente la convocatoria enfatizan que cualquier firma en apoyo al gobierno actual equivaldría a respaldar un sistema que mantiene más de mil presos políticos, que reprime manifestaciones pacíficas y que ha intensificado controles sobre la población. Para muchos, la iniciativa de Hernández representa un acto de cinismo político: pedir legitimidad a una población que sufre las consecuencias directas de las políticas que él mismo ayudó a diseñar e implementar.
En el contexto de la diáspora cubana, especialmente en Miami donde reside la comunidad de exiliados más activa, la respuesta fue aún más contundente. Muchos cubanoamericanos vieron en el llamado de Hernández un recordatorio de por qué abandonaron la isla: la imposibilidad de vivir bajo un sistema que no tolera la disidencia y que utiliza figuras públicas para legitimar represión. Para ellos, firmar equivaldría a traicionar a quienes permanecen en Cuba enfrentando represalias por su oposición al régimen.
La iniciativa también llega en un momento de tensión diplomática creciente. Con Marco Rubio como Secretario de Estado de la administración Trump desde enero de 2025, las políticas hacia Cuba se han endurecido nuevamente. En este contexto, cualquier intento del régimen por demostrar apoyo popular adquiere relevancia geopolítica, pues busca contrarrestar la narrativa internacional de un gobierno aislado y sin legitimidad interna.
Lo que Hernández no anticipó, o quizás ignoró deliberadamente, es que la represión sistemática del régimen ha generado una memoria colectiva de desconfianza. Cada cubano que rechaza firmar lo hace sabiendo que su negativa podría tener consecuencias, pero eligiendo la dignidad sobre la seguridad. Esa decisión, multiplicada por miles de ciudadanos, representa una derrota política para el régimen más profunda que cualquier firma podría compensar.
La respuesta de los cubanos a Hernández también subraya una realidad incómoda para el gobierno: la legitimidad no se construye mediante convocatorias de figuras del pasado, sino mediante políticas que mejoren la vida cotidiana de la población. Mientras Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes, apagones que duran horas, escasez de combustible y alimentos, ninguna firma de apoyo puede ocultar que el régimen ha fracasado en su promesa fundamental de garantizar bienestar a sus ciudadanos.
Esta confrontación entre Hernández y los cubanos que rechazan su llamado es, en esencia, un reflejo del agotamiento del modelo político cubano. No es una disputa sobre personas, sino sobre la viabilidad de un sistema que requiere constantemente legitimación artificial porque ha perdido la legitimidad real. Cada firma rechazada es un voto silencioso contra la continuidad de una dictadura que, a pesar de sus intentos de renovación mediante nuevas caras, sigue siendo fundamentalmente lo mismo: un régimen que antepone el control político a la libertad y el bienestar de su pueblo.
