Miguel Díaz-Canel propuso que las empresas estatales cubanas usen sus utilidades para ayudar a jubilados y trabajadores, una señal más de la crisis estructural que atraviesa la economía de la isla y de la incapacidad del aparato gubernamental para sostener con recursos propios a los sectores más golpeados por el deterioro social.
La propuesta llega en un momento en que el salario, la pensión y la capacidad de compra de la mayoría de los cubanos han quedado muy por detrás del costo real de la vida. En ese escenario, el régimen vuelve a mirar hacia el sector estatal como si todavía conservara una musculatura económica capaz de resolver urgencias que en realidad nacen de años de mala administración, centralización extrema y políticas que han asfixiado la producción.
Que Díaz-Canel empuje esta fórmula no es un gesto aislado ni una señal de sensibilidad social genuina. Es, más bien, el reflejo de un modelo agotado que recurre a parches internos para tapar carencias profundas. Cuando el poder no logra garantizar pensiones dignas, ni abastecimiento estable, ni un mercado laboral funcional, termina trasladando la carga a las propias entidades estatales, muchas de las cuales operan con márgenes de rentabilidad estrechos o dependen de decisiones políticas más que de criterios empresariales.
La idea también revela una contradicción de fondo. El gobierno insiste en hablar de “empresa estatal socialista” como columna vertebral de la economía, pero al mismo tiempo la somete a controles, restricciones y orientaciones que limitan su autonomía. Luego, cuando aparecen utilidades en algunos sectores, esas ganancias se presentan como una reserva disponible para atender problemas que el Estado no ha sabido resolver por otras vías.
En la práctica, eso convierte a las empresas en una especie de caja de emergencia para cubrir fisuras del sistema. El problema es que esa lógica no crea riqueza nueva, no corrige la inflación, no mejora la productividad ni eleva los ingresos de manera sostenible. Apenas redistribuye una parte mínima de lo que algunas entidades logren generar, en un país donde la mayoría de los negocios estatales arrastra pérdidas, baja eficiencia o dependencia de subsidios.
El anuncio, además, tiene un fuerte componente político. El gobierno sabe que el malestar entre jubilados y trabajadores crece al ritmo del encarecimiento de los alimentos, el transporte, la electricidad y otros bienes básicos. También sabe que la red de protección social que durante décadas usó como carta de legitimidad se ha debilitado hasta niveles alarmantes. Ante esa realidad, intenta proyectar una imagen de corrección y cercanía social sin admitir que la raíz del problema está en el propio diseño del modelo.
Los jubilados cubanos son uno de los grupos más vulnerables. Muchos dependen de pensiones que no alcanzan para cubrir ni una fracción de sus necesidades elementales. Los trabajadores, por su parte, enfrentan salarios que se devalúan rápidamente y que obligan a buscar ingresos complementarios, ayuda de familiares en el exterior o cualquier actividad informal para sobrevivir. En esas condiciones, hablar de utilidades empresariales como vía de alivio suena más a reconocimiento de la emergencia que a solución real.
La propuesta de Díaz-Canel también deja en evidencia que el régimen sigue sin ofrecer una estrategia clara para recuperar la economía sobre bases sanas. En lugar de impulsar cambios profundos, transparencia en la gestión, apertura real a la inversión, autonomía para producir y un marco legal que incentive resultados, el poder insiste en decisiones de corto plazo que dependen de la obediencia interna y no de la eficiencia.
No es la primera vez que la dirigencia cubana intenta presentar medidas de reparto o redistribución como respuesta a los problemas acumulados. Sin embargo, mientras persista la opacidad sobre los resultados de las empresas estatales, la falta de competencia y el control político sobre casi toda la actividad económica, cualquier llamado a compartir utilidades quedará sometido a la misma pregunta: ¿cuántas empresas tienen realmente ganancias sostenibles y cuántas solo sobreviven por transferencias, privilegios o subsidios cruzados?
La medida, de concretarse, podría aliviar de forma limitada a algunos colectivos, pero no resuelve el fondo del deterioro. Tampoco cambia el hecho de que la población cubana sigue cargando con las consecuencias de un sistema que convierte cada crisis en una oportunidad para improvisar y cada necesidad social en una nueva responsabilidad del aparato estatal.
Por eso, más que una política económica de alcance, la propuesta de Díaz-Canel parece otra admisión involuntaria del fracaso. El régimen pretende mostrar iniciativa, pero termina confirmando que ya no dispone de herramientas reales para sostener a jubilados y trabajadores sin volver a exprimir a las propias estructuras que mantiene bajo control. En una economía debilitada por décadas de centralismo y promesas incumplidas, esa salida luce insuficiente y profundamente reveladora.
