El gobierno de Trump lanzó un ultimátum secreto a Cuba durante una reunión de alto nivel celebrada el 10 de abril en La Habana: liberar a presos políticos de perfil destacado en un plazo de dos semanas como demostración de buena fe, o enfrentar las consecuencias de la administración estadounidense, según reveló USA Today.
La exigencia fue presentada por una delegación del Departamento de Estado en lo que marcó la primera vez que un avión del gobierno estadounidense aterrizaba en Cuba desde 2016, confirmó un funcionario de esa cartera a USA Today. Entre los nombres específicos mencionados para una posible liberación figuran Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, ambos artistas disidentes del Movimiento San Isidro condenados en 2022 tras las protestas del 11 de julio de 2021.
Otero Alcántara cumple una condena de cinco años en la prisión de Guanajay, ubicada en Artemisa, y realizó una huelga de hambre que se extendió hasta el 6 de abril. La organización Cubalex sostiene que su pena debería estar extinguida desde marzo, pero el Tribunal Provincial de Artemisa rechazó un recurso de habeas corpus el 23 de marzo. Maykel Osorbo, coautor del himno disidente "Patria y Vida" —que ganó dos Latin Grammy en 2021—, fue condenado a nueve años de prisión y permanece recluido en Pinar del Río. Ninguno de los dos fue incluido en la liberación de 2,010 presos que el régimen anunció el 3 de abril como gesto humanitario por Semana Santa, según confirmaron organizaciones de derechos humanos.
Durante el encuentro del 10 de abril, los funcionarios estadounidenses advirtieron al gobierno cubano que la economía de la isla está en caída libre y que las élites gobernantes tienen una ventana estrecha para realizar reformas antes de que la situación se deteriore de forma irreversible. Washington propuso además llevar el servicio de internet de alta velocidad Starlink a Cuba, condicionado a reformas económicas, compensación a ciudadanos y empresas estadounidenses por propiedades confiscadas, y el levantamiento de restricciones a las libertades políticas.
La estrategia diplomática estadounidense incluyó también un contacto separado. Un funcionario senior del Departamento de Estado sostuvo una reunión con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exlíder Raúl Castro. Tras ese encuentro, Rodríguez Castro recurrió a un empresario cubano, Roberto Carlos Chamizo González, para llevar personalmente una carta a la Casa Blanca eludiendo los canales oficiales. Chamizo González fue interceptado en Miami, según reportó primero el Wall Street Journal.
Esta presión diplomática refleja un cambio en la postura de la administración Trump hacia Cuba. Un portavoz del Departamento de Estado declaró que "la administración Trump sigue comprometida con la liberación de todos los presos políticos, incluidos Alcántara y Osorbo". La exigencia de dos semanas coloca al régimen cubano ante una decisión crítica: ceder ante la presión internacional o mantener su línea represiva y enfrentar posibles sanciones adicionales de Washington.
Para los cubanos dentro de la isla, el ultimátum representa una esperanza frágil de que la presión internacional pueda lograr lo que las protestas internas no han conseguido. Los familiares de Otero Alcántara y Osorbo han denunciado durante meses las condiciones de encarcelamiento y la negativa del régimen a reconocer sus derechos como presos políticos. En el exilio, especialmente en Miami, la noticia ha generado expectativa sobre si Trump cumplirá con su promesa de un "nuevo amanecer" para Cuba, una frase que ha repetido en múltiples ocasiones.
El contexto internacional de esta presión es complejo. Informes recientes señalan que el Pentágono estaba acelerando discretamente la planificación de una posible operación militar contra Cuba. Cuando Trump fue consultado sobre esta posibilidad, respondió: "Depende de cuál sea tu definición de acción militar". El mandatario también ha prometido un nuevo amanecer para Cuba, un día esperado por 70 años según sus propias palabras.
La reunión del 10 de abril marca un punto de inflexión en las relaciones entre Washington y La Habana. El ultimátum de dos semanas vence aproximadamente el 24 de abril, una fecha que podría determinar si la administración Trump escala sus medidas contra el régimen cubano o si negocia una salida que incluya reformas políticas y económicas. La economía cubana, ya debilitada por años de crisis energética y escasez de divisas, enfrenta ahora la amenaza de nuevas sanciones si el régimen rechaza las exigencias estadounidenses.
Lo que suceda en las próximas dos semanas podría redefinir no solo las relaciones bilaterales, sino también el futuro político de Cuba y las esperanzas de millones de cubanos que esperan cambios en la isla.
