En una isla donde el acceso a internet ya es un lujo controlado por el Estado, el régimen acaba de darle otra vuelta a la llave. El Decreto-Ley 370, que cumple cinco años desde su creación, regresa a los titulares no porque haya mejorado, sino porque sus garras se cierran más.
La tesis es simple y brutal: Cuba no tiene una ley de ciberseguridad. Tiene un arma de represión digital disfrazada de decreto.
Históricamente, los regímenes totalitarios nunca mejoran sus instrumentos de control; solo los refinan. La Unión Soviética pasó de la censura de prensa a la censura de fotocopiadoras. La Alemania nazi evolucionó de la quema de libros a la radio estatal. Cuba, con cinco años de experiencia acumulada con el Decreto 370, no es la excepción. Ese instrumento legal nació con un propósito claro después de las protestas del 11J en 2021: criminalizar la disidencia digital. No era proteger infraestructuras; era proteger el poder.
Hoy, en abril de 2026, ese decreto sigue vivo y más agresivo. Mientras el régimen de Díaz-Canel enfrenta una crisis energética que no cesa, mientras más de mil presos políticos languidecer en cárceles cubanas, mientras jóvenes cubanos arriesgan sus vidas en el mar para escapar, la dictadura destina recursos a reforzar la censura digital. Es la prioridad invertida de un gobierno que prefiere silenciar que gobernar. El Decreto 370 no se aplica contra hackers internacionales o terroristas cibernéticos. Se aplica contra maestros que publican críticas, contra madres que denuncian represión, contra periodistas independientes que documentan la realidad. Eso es lo que confirma su verdadera naturaleza.
Si esto continúa sin resistencia, Cuba seguirá siendo una prisión digital donde el régimen monopoliza la narrativa y controla cada pixel que entra y sale. La brecha entre la realidad y lo que los cubanos pueden comunicar se ampliará. La represión digital se sofisticará. Y la generación más joven, la que nació con internet como derecho humano en el resto del mundo, crecerá creyendo que la censura es normal. Eso es lo que busca el régimen: normalizar la jaula.
Algunos dirán que el Decreto 370 es necesario para la seguridad nacional, que Cuba enfrenta amenazas externas y que el control digital es legítimo. Esa es la mentira que toda dictadura repite. Si fuera verdad, ¿por qué se usa contra activistas de derechos humanos y no contra criminales reales? ¿Por qué se criminaliza compartir información sobre apagones o represión? La seguridad nacional es el pretexto; el control político es el objetivo. Y Cuba lleva cinco años probando que ese decreto no protege a nadie excepto al régimen.
A los cubanos dentro y fuera de la isla: este no es un debate técnico sobre ciberseguridad. Es un pulso por vuestra libertad de expresión. Cada vez que alguien en Cuba se autocensura por miedo al Decreto 370, la dictadura gana terreno. Cada vez que un cubano en el exilio calla porque teme represalias contra sus familiares, el régimen consolida su poder. El silencio digital es el silencio político que el régimen anhela. Rompanlo. Documentenlo. Compartan la verdad, aunque sea en susurros cifrados. Porque mientras exista una conexión a internet, existe la posibilidad de que la verdad escape de esa jaula.
