El conglomerado militar GAESA habría comenzado a traspasar varias de sus empresas, según información divulgada por la agencia francesa AFP. Al mismo tiempo, trascendió que el diario ABC reveló un contrato del gobierno español con una firma vinculada a PALCO, una de las compañías del entramado empresarial que opera bajo control de ese aparato económico-militar. El doble episodio vuelve a poner el foco sobre el sistema opaco que durante años ha concentrado recursos, contratos y negocios en manos de la estructura que responde al régimen cubano.
GAESA, el Grupo de Administración Empresarial S.A., se ha convertido en uno de los pilares del poder económico en Cuba. Su radio de acción abarca sectores estratégicos como turismo, comercio, logística, finanzas y servicios. En la práctica, ese conglomerado ha funcionado como una caja negra: maneja activos de alto valor fuera del control público, sin transparencia contable ni fiscalización independiente. Mientras la economía nacional se hunde en la escasez, los cortes eléctricos y el deterioro de los servicios básicos, el aparato empresarial ligado a las Fuerzas Armadas ha seguido concentrando privilegios y capacidad de maniobra.
La posibilidad de que GAESA esté desprendiéndose de parte de sus empresas abre varias lecturas. Una de ellas apunta a reacomodos internos en el poder económico cubano, donde el régimen suele mover activos, fusionarlos o transferirlos según sus necesidades políticas y financieras. Otra sugiere intentos de adaptar su estructura a un escenario más asfixiado por la falta de liquidez, las restricciones del mercado y la caída de ingresos en sectores clave. Sin información pública suficiente sobre el alcance exacto de esas transferencias, el movimiento debe interpretarse con cautela, pero no minimiza su relevancia: cuando un conglomerado de ese tamaño modifica su cartera de negocios, el impacto suele sentirse en toda la cadena de poder que lo sostiene.
PALCO, por su parte, ha ocupado durante años un lugar singular dentro del mapa empresarial cubano. Asociada a instalaciones, eventos, comercio y operaciones con clientes extranjeros, la empresa forma parte del circuito donde el régimen intenta captar divisas mediante estructuras diseñadas para beneficiar a sus círculos de control. Que un contrato del gobierno español haya quedado asociado a una firma de ese universo vuelve a poner en discusión la relación entre actores extranjeros y la arquitectura económica del castrismo. No se trata solo de negocios: se trata de cómo el aparato estatal cubano convierte sus empresas en instrumentos de supervivencia financiera y de legitimación internacional.
La opacidad es una constante. En Cuba no existe un sistema de rendición de cuentas real sobre las empresas controladas por el poder militar ni sobre sus vínculos con entidades estatales o extranjeras. Eso deja a la ciudadanía sin información sobre cómo se administran los recursos que deberían estar al servicio del país. Mientras la población enfrenta inflación, salarios pulverizados, desabastecimiento y un éxodo sostenido, las estructuras empresariales del régimen siguen operando con discreción y privilegios, lejos del escrutinio público.
El papel de GAESA en la economía cubana ha sido denunciado durante años por economistas, activistas y observadores que señalan su peso desmedido en la distribución de la riqueza nacional. Su control sobre hoteles, tiendas, importaciones y servicios ha reforzado la idea de que el sector militar no solo protege al régimen en términos políticos, sino que también garantiza su supervivencia financiera. Esa fusión entre poder armado y poder económico ha sido una de las bases más sólidas del modelo autoritario cubano.
En ese contexto, cualquier señal de reestructuración empresarial dentro de GAESA merece atención. No necesariamente implica apertura ni transparencia. También podría responder a maniobras internas para proteger activos, redistribuir responsabilidades o blindar negocios en un momento de presión económica. El punto de fondo sigue siendo el mismo: la estructura que concentra las principales palancas económicas del país no rinde cuentas y actúa al margen de los intereses de los cubanos de a pie.
El caso de PALCO añade otra capa al problema. Si bien muchas operaciones con empresas cubanas se presentan como acuerdos comerciales normales, la realidad es que buena parte de ellas se mueve dentro de un sistema donde el Estado, el partido y las Fuerzas Armadas se superponen. Eso dificulta distinguir entre negocio, control político y captura de divisas. Para el régimen, cada contrato externo es una válvula de oxígeno; para la población, casi nunca se traduce en mejoras visibles.
La noticia llega en un momento en que el deterioro económico de Cuba ya no puede ocultarse detrás de consignas ni discursos oficiales. La falta de alimentos, medicinas, combustible y estabilidad eléctrica convive con la expansión de negocios bajo control de una élite cerrada. Si GAESA está moviendo piezas, lo hace desde una posición de privilegio que el pueblo no comparte. Y si PALCO sigue entrando en contratos relevantes, lo hace dentro de un sistema que opera con reglas hechas a la medida del poder.
Más que un episodio aislado, lo que revelan estos movimientos es la persistencia de un modelo donde la economía sirve al régimen y no a los ciudadanos. Mientras no exista transparencia sobre GAESA, sobre sus empresas y sobre sus vínculos con actores externos, cualquier transferencia de activos o nuevo contrato seguirá alimentando la misma sospecha: en Cuba, los negocios del poder continúan lejos del país real.
