La intelectual cubana Miryorly García cuestionó recientemente un nuevo llamado del régimen para que ciudadanos firmen documentos de apoyo, expresando su escepticismo sobre la verdadera voluntad de quienes acuden a estas convocatorias. "Y allá irá mucha gente a firmar una vez más irresponsablemente", señaló García en declaraciones que reflejan la frustración de sectores críticos ante lo que considera una práctica sistemática de manipulación política.
La crítica de García se inscribe en un patrón histórico de movilizaciones convocadas por el Estado cubano para demostrar apoyo popular a políticas del régimen. Estas jornadas de recolección de firmas han sido utilizadas durante décadas como mecanismo de legitimación política, particularmente en momentos de tensión o cuando el gobierno busca proyectar consenso interno. La intelectual apunta a lo que ella percibe como una desconexión entre la participación formal y la voluntad genuina de los ciudadanos.
La observación de García toca un nervio sensible en la sociedad cubana actual. Desde las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles salieron a las calles en contra del régimen, la brecha entre la movilización oficial y el sentimiento real de amplios sectores de la población se ha hecho más evidente. El régimen ha intensificado sus convocatorias a actos de apoyo, mientras que simultáneamente enfrenta una crisis energética que persiste desde hace más de dos años, con apagones diarios que afectan la vida cotidiana de millones de cubanos.
La crítica de la intelectual refleja también la experiencia de ciudadanos que se sienten presionados a participar en estas movilizaciones. En contextos donde la disidencia conlleva riesgos laborales, sociales y personales, muchos cubanos asisten a estos actos no por convicción, sino por obligación implícita o explícita. García parece señalar precisamente esta contradicción: la participación masiva que el régimen exhibe como prueba de legitimidad puede ser, en realidad, expresión de coerción más que de apoyo genuino.
Desde la diáspora cubana en Miami y otras ciudades estadounidenses, estas convocatorias son vistas con particular escepticismo. Para el exilio, estos llamados representan intentos del régimen de mantener la apariencia de control político interno, especialmente en momentos cuando la administración Trump, con Marco Rubio como Secretario de Estado, mantiene una postura crítica hacia La Habana. La declaración de García resuena entre cubanos en el exterior que observan cómo sus familiares en la isla enfrentan presiones para participar en actos que no reflejan sus verdaderas convicciones.
La intelectual no es la única voz que ha cuestionado estas prácticas. Desde diferentes espacios de la sociedad civil cubana, activistas y pensadores han documentado cómo el régimen utiliza estas movilizaciones como herramienta de control social. Con más de mil presos políticos actualmente en Cuba, según reportes de organizaciones de derechos humanos, el contexto de represión hace aún más cuestionable la legitimidad de cualquier participación que pueda ser interpretada como apoyo al gobierno.
La pregunta que García deja implícita es incómoda para el régimen: ¿cuánta de esa participación masiva en actos oficiales representa verdadera adhesión, y cuánta es resultado de presión, miedo o resignación? En una sociedad donde la libertad de expresión y asociación están severamente restringidas, donde los apagones diarios generan frustración cotidiana y donde la represión contra disidentes es documentada regularmente, la respuesta que sugiere García es clara: la mayoría de quienes firman lo hacen no por convicción, sino por las dinámicas de control que caracterizan al sistema político cubano.
