Meliá ha decidido poner punto final a su operación en Cuba y con ello cierra una etapa de tres décadas en uno de los negocios más sensibles y más controlados por el poder en la isla. La cadena hotelera española notificó que dejará de prestar servicios de gestión y comercialización en todos los establecimientos que administraba en territorio cubano a partir del 24 de julio de 2026.
La decisión no solo afecta a un actor empresarial de peso. También deja en evidencia la dependencia del turismo cubano de capital y gestión extranjera, una dependencia que el régimen ha intentado disimular durante años mientras concentra el control de los principales activos del sector en estructuras vinculadas a la cúpula militar y al aparato estatal.
La salida incluye el uso de marcas autorizadas, el servicio receptivo y la cadena de suministro local asociada a esos hoteles. En la práctica, esto significa que la empresa pondrá fin a un engranaje que durante años sostuvo una parte importante de la oferta turística de la isla, hoy golpeada por la caída de visitantes, la crisis energética y el deterioro general de la infraestructura.
Meliá gestionaba 34 inmuebles en Cuba y más de 14.000 habitaciones, alrededor del 15% de su capacidad mundial, según los datos divulgados por la propia compañía. La magnitud de esa presencia explica por qué la decisión tiene un peso mayor que el de una simple retirada comercial. Se trata de una señal de ruptura con un mercado que, hasta hace poco, era presentado por La Habana como un destino prioritario para captar divisas.
La empresa explicó que su salida obedece a dificultades operativas, legales, económicas y financieras que, de acuerdo con su valoración, han impedido una estabilidad mínima para seguir trabajando en la isla. También adelantó que estudia el impacto contable de la decisión, incluida una posible revisión del valor en libros de sus operaciones en Cuba, y que informará esos resultados en sus cuentas semestrales de 2026.
El trasfondo político es claro. Las nuevas sanciones impulsadas por el presidente Donald Trump contra compañías relacionadas con el Ministerio de Turismo cubano y con el entramado empresarial del régimen aceleraron una decisión que ya venía gestándose. Washington amplió la presión sobre sectores que sostienen de manera directa los ingresos de la cúpula gobernante, mientras las autoridades cubanas siguen sin ofrecer respuestas efectivas a la crisis del turismo y de la economía en general.
En este escenario, el régimen vuelve a quedar atrapado por su propio modelo. Durante años promovió el turismo como motor de desarrollo, pero lo hizo bajo un esquema opaco, centralizado y dependiente de alianzas con grandes grupos extranjeros. Cuando esas alianzas se debilitan, el costo no lo asume la élite política que controla el negocio, sino la economía interna, que pierde capacidad de ingreso, empleo y abastecimiento.
La compañía también aseguró que su filial portuguesa, Ilha Bela Gestao e Turismo, continuará con los procedimientos necesarios para ordenar la salida y reducir el impacto operativo. En un lenguaje empresarial, eso significa cierre escalonado, comunicación con trabajadores, proveedores y clientes, y revisión de compromisos pendientes. En el contexto cubano, sin embargo, esa transición ocurre sobre una base frágil, con problemas de liquidez, escasez de insumos y serios obstáculos para sostener cualquier operación regular.
La noticia llega además después de meses en los que ya se percibían señales de deterioro. La propia empresa había reportado que cerca del 50% de sus habitaciones en la isla permanecían cerradas debido al bloqueo energético que afecta al país desde principios de año, una crisis que el gobierno intenta maquillar con discursos vacíos mientras la red eléctrica colapsa con frecuencia y los servicios básicos se resienten en todos los sectores.
Para el cubano de a pie, el cierre de una cadena como Meliá no representa una tragedia abstracta ni un simple ajuste corporativo. Significa menos movimiento económico en un país que vive de espaldas a la productividad real, menos empleo asociado a la hotelería y menos capacidad de atraer divisas en un momento en que el salario estatal no alcanza para cubrir lo elemental.
También deja una advertencia para otras cadenas españolas con presencia en la isla. La presión externa sobre el sector turístico cubano no parece tener marcha atrás mientras el régimen siga apostando por una economía cerrada, sin garantías jurídicas reales, con una administración dependiente de intereses militares y sin reformas de fondo. En ese contexto, cada salida empresarial confirma lo mismo: el modelo no ofrece seguridad ni estabilidad a largo plazo.
La retirada de Meliá no resuelve la crisis cubana, pero sí expone su raíz. Cuando una empresa con décadas de experiencia decide irse, no es solo por un cambio de mercado. Es porque el entorno se ha vuelto inviable. Y en Cuba ese entorno tiene un responsable político concreto, un régimen que convirtió la economía nacional en un campo de supervivencia para la ciudadanía y de privilegio para la cúpula.
