La administración Trump intensifica la presión sobre los activos del régimen cubano a través de GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas que controla sectores clave de la economía de la isla. Un asesor de Marco Rubio, Secretario de Estado desde enero de 2025, planteó recientemente que el gobierno de Miguel Díaz-Canel tiene la obligación de devolver los recursos que esta entidad ha acumulado al pueblo cubano, marcando una línea clara entre las sanciones estadounidenses dirigidas al régimen y la responsabilidad interna de restituir bienes.
GAESA opera como el brazo empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas desde hace décadas, controlando hoteles, restaurantes, puertos, aeropuertos y sectores de telecomunicaciones. Su estructura opaca ha permitido al régimen enriquecer a la cúpula militar mientras la población civil enfrenta escasez de alimentos, medicinas y electricidad. La empresa funciona sin transparencia fiscal ni rendición de cuentas, concentrando ganancias que nunca llegan a financiar servicios públicos básicos. Washington ha mantenido a GAESA en su lista de sanciones precisamente por ser el mecanismo mediante el cual la dictadura perpetúa su control económico y político.
La declaración del asesor de Rubio reposiciona el debate sobre las sanciones estadounidenses. No se trata de medidas que dañen al pueblo cubano, sino de herramientas que aíslan financieramente al régimen mientras se le recuerda su deuda histórica con la población. El mensaje es directo: los recursos que GAESA ha extraído de la economía cubana durante años pertenecen a quienes los generaron con su trabajo, no a una élite militar que los ha desviado hacia sus propios intereses. Esta perspectiva conecta la presión externa con la exigencia interna de justicia económica.
El régimen ha utilizado tradicionalmente las sanciones como cortina de humo para justificar su fracaso económico, culpando a Washington de la crisis energética, la inflación y el colapso de servicios. Sin embargo, la realidad es que GAESA y otras empresas estatales han funcionado con total libertad para operar dentro de Cuba, generando ganancias que el gobierno nunca ha reinvertido en infraestructura civil. Los apagones que afectan a millones de cubanos desde hace más de dos años no son consecuencia de las sanciones, sino de la corrupción y la ineficiencia de un sistema que prioriza el enriquecimiento de la cúpula militar sobre las necesidades básicas de la población.
Para los cubanos dentro de la isla, esta posición estadounidense representa un reconocimiento de que sus derechos económicos han sido sistemáticamente violados. Familias que viven en pobreza extrema, trabajadores cuyos salarios no alcanzan para comprar comida, y ciudadanos que cargan con apagones de hasta 16 horas diarias ven en esta declaración una validación de lo que han denunciado durante años: que el régimen les ha robado. En el exilio, la diáspora cubana interpreta este mensaje como una señal de que la administración Trump mantiene el enfoque en responsabilizar al gobierno de Díaz-Canel por sus crímenes económicos contra su propio pueblo.
La posición de la Casa Blanca refleja un cambio en la narrativa sobre Cuba. Ya no se trata solo de aislar al régimen, sino de establecer claramente que cuando caiga, habrá cuentas que rendir. GAESA y sus directivos tendrán que responder por décadas de malversación de fondos públicos. Esta perspectiva anticipa un escenario de transición donde la restitución de bienes y la justicia económica serán elementos centrales de cualquier proceso de cambio político en la isla.
La pregunta que queda flotando es si el régimen alguna vez reconocerá voluntariamente esta deuda con su pueblo, o si será necesaria una ruptura política total para que los recursos confiscados regresen a quienes los generaron.
