El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que intensifica el cerco financiero contra el régimen cubano, bloqueando todos los bienes e intereses en propiedades estadounidenses de personas extranjeras vinculadas a la represión política y a amenazas contra la seguridad nacional de Estados Unidos.
El documento amplía el marco legal de la Orden Ejecutiva 14380, emitida el 29 de enero de 2026, que ya había declarado una emergencia nacional respecto a Cuba. En esta nueva orden, Trump califica las políticas del gobierno cubano como "repugnantes a los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas", estableciendo un lenguaje que va más allá de la retórica diplomática tradicional.
La orden ejecutiva cubre a personas que operan en sectores clave de la economía cubana: energía, defensa, metales y minería, servicios financieros y seguridad. También sanciona a líderes, funcionarios y ejecutivos del gobierno; quienes hayan prestado apoyo material al régimen; responsables de abusos graves de derechos humanos; y personas implicadas en actos de corrupción relacionados con La Habana. Una disposición particularmente amplia extiende las sanciones a familiares adultos de los designados, multiplicando el alcance de las medidas.
La sección de viajes suspende la entrada a Estados Unidos de todas las personas que cumplan los criterios de sanción, salvo que el Secretario de Estado determine que su ingreso es de interés nacional. El Secretario del Tesoro queda autorizado además a sancionar a instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas con personas bloqueadas, incluyendo la prohibición de cuentas corresponsales en territorio estadounidense. El documento establece que las designaciones no requerirán notificación previa a los afectados, argumentando que "la capacidad de transferir fondos de forma instantánea haría ineficaces las medidas" si se avisara con antelación.
Esta orden se inscribe en la estrategia de presión máxima que la administración Trump ha intensificado desde enero de 2026. En los últimos meses, Estados Unidos ha interceptado al menos siete tanqueros con destino a Cuba y ha prohibido que la isla recibiera petróleo ruso, medidas que han agravado una crisis energética sin precedentes. Los apagones en Cuba alcanzan hasta 25 horas diarias, paralizando la producción industrial, los servicios de salud y la vida cotidiana de millones de cubanos. La economía de la isla enfrenta una proyección de caída del PIB del 7,2% en 2026, según datos del régimen.
El gobierno cubano ha respondido con acusaciones de "castigo colectivo" y ha denunciado las presiones de Washington ante organismos internacionales. Sin embargo, estas protestas diplomáticas no han detenido el avance de las sanciones. La nueva orden retoma el enfoque de sanciones personales que Trump ya aplicó durante su primera administración, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó al general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, entonces presidente del conglomerado militar GAESA, el 30 de septiembre de 2020.
Para los cubanos dentro de la isla, estas medidas profundizan una realidad ya insoportable. La crisis energética ha colapsado servicios básicos, los hospitales funcionan sin electricidad confiable, y el transporte público es prácticamente inexistente. Las familias que reciben remesas desde el exilio enfrentan restricciones crecientes para transferir dinero, mientras que los precios de alimentos y medicinas se disparan en un mercado negro que es la única opción de supervivencia para millones. Para la diáspora cubana, especialmente en Miami, estas sanciones representan una validación de su posición política, aunque también generan preocupación sobre familiares que permanecen en la isla y podrían ser afectados indirectamente por el colapso económico.
El Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario del Tesoro quedan autorizados y dirigidos a implementar la orden mediante la suspensión temporal de regulaciones, la publicación de normas en el Registro Federal y el uso de todos los poderes que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales confiere al presidente. La orden ejecutiva representa el instrumento legal más agresivo que la administración Trump ha desplegado contra Cuba desde su regreso a la Casa Blanca, consolidando una política de aislamiento económico que no tiene precedentes en intensidad ni alcance.
