La administración Trump contempla replicar en Cuba la estrategia de presión que desplegó contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, una escalada que buscaría intensificar la asfixia económica y diplomática del gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Según reportes de medios estadounidenses, funcionarios de Washington analizan aplicar lo que denominan el "modelo Venezuela" en la isla, una aproximación que combinó sanciones económicas agresivas, aislamiento diplomático internacional y apoyo a sectores opositores. La revelación llega en un momento en que Cuba enfrenta su peor crisis energética en décadas, con apagones diarios que paralizan la economía y generan descontento masivo entre la población.
El "modelo Venezuela" implementado entre 2017 y 2021 incluyó sanciones contra sectores clave de la economía madurista, restricciones a transacciones financieras internacionales, y presión diplomática sobre aliados regionales para aislar al régimen. En el caso cubano, una estrategia similar apuntaría a profundizar el colapso del sistema energético, limitar las remesas que sostienen a millones de familias, y erosionar los últimos apoyos internacionales del gobierno de La Habana.
La medida refleja un endurecimiento de la postura de Trump hacia Cuba, alineado con la línea dura que Marco Rubio, actual Secretario de Estado, ha mantenido históricamente hacia el régimen. Rubio, hijo de exiliados cubanos, ha sido uno de los críticos más férreos de Díaz-Canel y ha presionado por políticas más agresivas contra La Habana desde su llegada al Departamento de Estado en enero de 2025.
La estrategia busca explotar las fracturas internas del régimen cubano, que ya enfrenta desafíos sin precedentes. La crisis energética ha generado protestas espontáneas en barrios de La Habana y otras ciudades, recordando la magnitud de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles desafiando la represión estatal. El régimen respondió entonces con detenciones masivas, y actualmente mantiene más de mil presos políticos en sus cárceles.
Para los cubanos dentro de la isla, una intensificación de sanciones significaría mayor escasez de alimentos, medicinas y combustible. Las familias que dependen de remesas desde el exterior enfrentarían restricciones adicionales para recibir dinero de parientes en Miami y otras ciudades estadounidenses. Sin embargo, analistas señalan que el régimen ha utilizado históricamente las sanciones como justificación para sus propios fracasos económicos, desviando responsabilidad de sus políticas fallidas hacia Washington.
Para la diáspora cubana en Estados Unidos, especialmente en Florida, la noticia representa una validación de su demanda histórica de presión máxima contra Díaz-Canel. Sectores del exilio han argumentado durante años que solo una estrategia de asfixia económica y diplomática podría forzar cambios en La Habana. La administración Trump, con Rubio al frente de la diplomacia, parece estar respondiendo a esa presión.
A nivel internacional, la estrategia genera tensiones con gobiernos latinoamericanos que mantienen relaciones comerciales con Cuba, particularmente México y algunos países del Caribe. La Unión Europea también ha expresado reservas sobre sanciones unilaterales estadounidenses que afecten a terceros países. Sin embargo, la administración Trump ha mostrado disposición a actuar unilateralmente en política exterior, sin esperar consenso multilateral.
La pregunta que emerge es si el régimen cubano, ya debilitado por la crisis energética y el descontento social, puede resistir una presión de esa magnitud sin colapsar o, alternativamente, si endurecerá su represión interna como respuesta. Lo que está claro es que Díaz-Canel enfrenta el escenario más desafiante de su gobierno, con Washington dispuesto a aplicar las lecciones aprendidas en Venezuela.
